Más jueces piden fondos para seguridad

La Federación Argentina de la Magistratura se subió al debate sobre la inseguridad, que viene escalando en importancia desde hace meses, y presentó un proyecto de reforma judicial que, entre otros aspectos, propone crear juzgados especiales para ciertos delitos y establecer un fondo estatal para agilizar los cambios adoptados.
En una carta dirigida a los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales, el titular de la Federación, Abel Fleming, plantea una situación crítica del sistema penal y afirma que «el sostenido aumento de los casos judiciales, penales y de todo tipo aflige hoy a la sociedad, prisionera entre el miedo y la impotencia». El escrito señala que la situación es cada vez más compleja, ya que la Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, casi la mitad son asuntos penales, cifra sobre la que se señala que «con esta cantidad de casos, no pueden convivir la población ni el sistema judicial».
En este marco, la Federación llama a reducir «entre todos, la cifra de conflictos, con un nuevo pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro, los que no pueden quedar librados a la sola acción del control estatal con sistemas judiciales y policías desbordadas».
Simplificación
Dentro de las medidas que el texto propone se encuentra en primer lugar la promoción de la simplificación de la Justicia, estimulando la «prevención eficaz», así como transfiriendo «de los pesados y colapsados sistemas formales a un nuevo sistema más ágil e informal, de justicia simplificada y de proximidad geográfica». Para esto, la Federación llama a trabajar en conjunto a los tres poderes, a través de acuerdos interjurisdiccionales, y al énfasis en procedimientos alternativos, como la mediación extrajudicial. Propuesta, sin duda, que podría generar importantes debates jurídicos, en especial en lo que respecta a su aplicación en causas penales.
En este sentido, el texto destaca que para incentivar la mediación de conflictos «hace falta más que leyes. Se necesitan planes integrales de fomento a la mediación, con campañas de difusión, alicientes de uso, disponibilidad, gratuidad, junto con consecuentes medidas de desaliento al pleito tradicional». ¿El objetivo? Lograr que «el litigio ocupe un lugar subsidiario dentro de los mecanismos de solución de las disputas».
Otra de las medidas propuestas consiste en priorizar los casos más graves (para esto se necesita una reforma de la ley), así como establecer juzgados y procedimientos diferenciales para los delitos
cuyos autores fueran sorprendidos en el momento de cometerlos o inmediatamente después.