Más pago de pensiones para ex presos políticos

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados dio ayer dictamen al proyecto de ley que establece un régimen reparatorio en dinero para quienes estuvieron en condición de presos políticos durante el último Gobierno militar. El proyecto, que unificó las propuestas de Juan Carlos Díaz Roig (Frente para la Victoria) y Graciela Iturraspe (Unidad Popular), propone una pensión graciable para aquellas personas detenidas por cuestiones políticas en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.

La iniciativa precisa que alcanza a las personas «que hayan sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares, condenadas por un consejo de guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles». Según el proyecto, «la pensión graciable sería de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada le correspondiera» y establece un monto regido por un escalafón determinado del Sistema Nacional de Empleo Público, que actualmente ronda 3.600 pesos.

Asimismo, se aclara que «será incompatible con toda otra prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanada de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por una u otra pensión». Este apartado se refiere a las pensiones que ya habían sido otorgadas a presos políticos durante el Gobierno peronista de Carlos Menem. También se agregó en virtud de que 5.000 de los aproximadamente 10.000 ex presos políticos actualmente perciben el beneficio por alguno de los tres distritos que los otorgan de acuerdo con sus respectivas legislaciones provinciales: Buenos Aires, Córdoba y Chaco.

Díaz Roig afirmó que «el fundamento es la obligación de reparación por parte del Estado, en función de la existencia de normas superiores de la comunidad internacional, imperativas, de jus cogens, que tienen una larga presencia histórica en los tratados internacionales». Iturraspe explicó que «se decidió poner como fecha de inicio el 6 de noviembre de 1974 porque ese día se decretó el estado de sitio y comenzaron las detenciones».

El proyecto deberá ser considerado ahora por las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los kirchneristas Remo Carlotto y Roberto Feletti, respectivamente.