Más polémica: ahora dicen que jardín fue habilitado en 2002

Sigue la polémica en cuanto a la habilitación del Jardín "Tribilin". Es que ayer dos concejales de San Isidro descubrieron que el municipio reconocía al instituto, donde se produjeron hechos de maltrato a niños, como "establecimiento educacional Jardín Materno Infantil" desde 2002, cuando a través del Boletín Oficial local lo eximió del pago de tasas.

A contramano de lo expresado por el intendente, Gustavo Posse, los concejales Leandro Martin (Frente para la Victoria) y Marcos Hilding Ohlsson (Convocación por San Isidro) hallaron ayer el decreto 874, de 2002 publicado en el Boletín Oficial. Allí se exime del pago de tasas "al establecimiento educacional Jardín Materno Infantil Tribilín, ubicado en O`Higgins 591" de ese partido del norte del conurbano.

"San Isidro tiene un sistema por el cual los establecimientos educativos pueden obtener una eximición de impuestos si ponen a disposición del municipio un 5% de la matrícula para becas", explicó el concejal Martin. Esto "implica que el municipio conocía al establecimiento y la actividad que se realizaba en él, por lo cual mañana (por hoy) realizaremos un pedido de informes para que se aclare cuál era realmente la situación", indicó.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseguró que el jardín denunciado no tenía "habilitación para funcionar como tal y sólo contaba con una aprobación de presentación de planos". "Se trataba de personas que actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y esto desembocó en la existencia de maltrato", dijo Posse,. "Por su parte, Hernando Sirera, asesor legal del jardín Tribilín, aseguró que el lugar estaba habilitado e inscripto como jardín maternal. Los directivos me dicen que en 16 años nunca recibieron una notificación, ni fueron avisados de que debían revertir o recomponer esa habilitación en el orden provincial o municipal", expuso Sirera.

En tanto, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, abrió un sumario administrativo y separó de sus cargos a las inspectoras regional y distrital de San Isidro mientras dure la investigación por los casos de maltrato. La suspensión recayó sobre la inspectora Mónica Seal, titular de la Región IV y Patricia Naso, del distrito de San Isidro.