Máxima tensión: España hiere al referendo catalán con arrestos y decomisos

El presidente Mariano Rajoy amenazó con “males mayores” a los independentistas. El líder soberanista, Carles Puigdemont, ratificó la consulta sin especificar cómo la sacará adelante.

REPUDIO. Los catalanes salieron a la calle en Barcelona para rechazar los arrestos de sus funcionarios (arriba). La situación se replicó en otras 40 ciudades. Hubo enfrentamientos con la policía en la sede del partido separatista de izquierda CUP (derecha).

Barcelona y Madrid - El presidente del Gobierno español instó ayer a los dirigentes independentistas de Cataluña detener la "escalada de desobediencia para evitar males mayores", mientras decenas de miles de catalanes protestaron en Barcelona y otras 40 ciudades del país contra las maniobras judiciales para impedir el referéndum soberanista del 1 de octubre.

En un mensaje desde La Moncloa, Rajoy llamó a los independentistas a renunciar "a esta escalada de radicalidad y de desobediencia".

"Están a tiempo de evitar males mayores", amenazó en un discurso televisado tras una jornada de tensión en Cataluña por la detención de catorce funcionarios del Gobierno regional de Carles Puigdemont y la requisación de casi 10 millones de boletas para la consulta.

"Saben que ese referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo, pero ahora no es más que una quimera imposible", insistió el gobernante conservador.

Con sus acciones, el Estado español "impuso de facto un estado de excepción, suspendió de facto el autogobierno de Cataluña", denunció Puigdemont, quien ratificó la convocatoria a los catalanes a votar el 1 de octubre "frente a un régimen represivo e intimidatorio". No obstante, no quedaba claro cómo se procedería a la votación teniendo en cuenta las medidas judiciales para impedirla.

El Ejecutivo catalán reiteró así su convicción de realizar el referéndum pese a la prohibición que dictó el Tribunal Constitucional (TC), a pedido del Gobierno central, y la advertencia a un millar de altos cargos de exponerse a consecuencias judiciales si seguían adelante.

En un primer indicio de hasta dónde está dispuesta a llegar la justicia, ayer fueron detenidos catorce funcionarios de importante rango del Gobierno regional. Entre ellos figura Josep Maria Jové, número dos de la vicepresidencia regional; el secretario de Hacienda, Josep Maria Salvadó; el responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores, Xavier Puig Farré; y Joan Manel Gómez, responsable del voto electrónico y funcionario del Departamento de Gobernación.

Son sospechosos de delitos de "desobediencia, prevaricación y malversación", informó la Corte Superior de Justicia de Cataluña, sin dar detalles de la investigación.



Además, la Guardia Civil requisó las sedes de los departamentos de Economía, de Asuntos Exteriores, de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Gobernación de la administración catalana buscando pruebas de un supuesto robo de datos para permitir a los separatistas disponer del padrón de los contribuyentes catalanes.

Los registros y arrestos desencadenaron numerosas protestas por todo Barcelona desde primera hora de la mañana de ayer frente a las sedes investigadas.

Frente a la de vicepresidencia del Gobierno regional, en Barcelona, la manifestación permaneció hasta la noche y reunió a unas 40.000 personas.

"En este país ya no mandan los que creen que han mandado siempre, hoy manda la gente, hoy mandamos nosotros", gritó a la multitud el presidente de la asociación independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, que había convocado a las protestas.

"Si a lo largo de la historia todo el mundo se hubiera parado a respetar el marco legal de entonces, seguiríamos viviendo en la época de los cromañones", dijo Martí Rodríguez, un sociólogo de 30 años en medio de la concentración.

Si bien el ambiente nocturno era festivo, con música en directo y gente bailando, durante el día se caldearon los ánimos entre policía y manifestantes, que llegaron a bloquear durante unas horas la salida de vehículos de la Guardia Civil.

Frente a la sede de la CUP, partido separatista de extrema izquierda, centenares de manifestantes gritaron "fuera policía española".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió a Rajoy abandonar su "estrategia represiva" mientras que el líder del PSOE catalán, Miquel Iceta, pidió a ambos gobiernos "detener una escalada que lleva al desastre".

La prensa española reportó manifestaciones en 40 ciudades del país, entre ellas en Madrid y en Bilbao (País Vasco), donde el impulso independentista catalán viene renovando los reclamos soberanistas vascos.

En la céntrica Puerta del Sol en la capital de España, centenares de personas apoyaron la celebración de un referéndum en Cataluña. "Creo en la democracia y el pueblo tiene derecho a decidir", dijo Paquita Rey, cocinera jubilada de 65 años.

Las tensiones llegaron al Congreso: allí, el diputado independentista Gabriel Rufián emplazó a Rajoy: "Saque sus sucias manos de las instituciones catalanas", antes de que los diputados catalanes se retiraran del hemiciclo.

Los separatistas son mayoría en el parlamento catalán desde 2015, pero según los sondeos la sociedad catalana se muestra dividida ante la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.

El 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum legal, según las encuestas. No obstante, analistas consideraban que la embestida de Rajoy podría aumentar el sentimiento nacionalista y movilizar a más catalanes a favor de su soberanía.

Las operaciones policiales se intensificaron desde el fin de semana, con la incautación de gran cantidad de material electoral. En paralelo, el Ministerio de Hacienda congeló las cuentas del Ejecutivo catalán, reduciendo drásticamente la autonomía financiera de la región.

Agencias AFP, DPA, ANSA y Reuters, y Ámbito Financiero