Máxima tensión: votará Cataluña el 1 de octubre sobre su independencia

Se preguntará a los electores si quieren crear “un Estado independiente en forma de república”. Los miembros de la mesa directiva de la legislatura serán querellados por desobediencia y prevaricato.

Satisfacción. El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, aplaude junto a los diputados independentistas tras la aprobación de la ley de referendo en la legislatura local. Al fondo, banderas catalanas.

Barcelona - El Parlamento de Cataluña, con mayoría de grupos a favor de la independencia de esta región, aprobó ayer una ley para convocar a un referéndum secesionista para el 1 de octubre, decisión que el Gobierno español pretende anular a través de una presentación ante el Tribunal Constitucional (TC).

La norma obtuvo 72 votos a favor de los grupos independentistas, Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los izquierdistas de la CUP, que habían presentado la propuesta de ley de referéndum el 31 de julio pasado. No hubo votos en contra pero sí 11 abstenciones.

Los diputados de la oposición, Ciudadanos (liberal), Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el conservador Partido Popular de Cataluña (PPC), abandonaron el hemiciclo antes de la votación, dejando algunos de ellos sobre sus escaños vacíos banderas catalanas y españolas.

La norma incluye la pregunta que los independentistas quieren lanzar ese día a los ciudadanos de Cataluña: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". Establece, además, que el resultado tendrá "carácter vinculante".

El texto prevé que se declare de forma inmediata la independencia de Cataluña en caso de que en la votación gane el "sí" a la secesión, tras lo que se abriría "un proceso constituyente". En caso de que gane el "no", se convocarían elecciones regionales.

El texto no establece una participación mínima para que el resultado de la consulta sea considerado válido.

Ampara, además, "a las autoridades y personas físicas y jurídicas que participen" en el referéndum, blindándolas de cualquier actuación judicial por parte del Estado.

Tras la luz verde del Parlamento catalán, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió un informe urgente al Consejo de Estado (máximo órgano consultivo del gabinete) sobre la ley del referéndum para presentar hoy mismo un recurso contra esa iniciativa en el Constitucional.

En medio de un clima de crisis, el rey Felipe VI y Rajoy se mantuvieron en contacto permanente.

El Gobierno central y el Tribunal Constitucional consideran que un referéndum sobre la independencia es ilegal porque la Constitución española no lo prevé, pero las autoridades catalanas mantienen la voluntad de convocarlo para el 1 de octubre y argumentan que Madrid debería atender sus aspiraciones nacionalistas con el mismo criterio con el que el Reino Unido permitió el referendo escocés de 2014.

Antes de que comenzara el debate de, Rajoy pidió al Constitucional que, con la mayor contundencia y urgencia posibles, declare nula la decisión de la Mesa de la Cámara de tramitar la propuesta legislativa.

La sesión plenaria transcurrió de manera accidentada, con tensión creciente, numerosas interrupciones y enfrentamientos dialécticos entre la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (de JxS), y los portavoces de los partidos contrarios a la independencia, que trataban de impedir la tramitación de la ley.

Para evitar la tramitación legislativa, Rajoy solicitó al Tribunal Constitucional que deje sin efecto las decisiones del Parlamento y se tome declaración a Forcadell y otros miembros de la Mesa por admitir la ley a trámite. No obstante, el pleno del TC no tratará esta cuestión hasta hoy (ver página 19).

Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña presentará una querella por desobediencia y prevaricato contra la Mesa.

Agencias EFE, DPA, AFP y ANSA