Máximo tribunal arbitra en amparos por minería

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El máximo tribunal recibirá el próximo 28 de marzo a las autoridades del Gobierno de Jujuy y a los representantes de la comunidad aborigen Santuario Tres Pozos, a raíz de una acción de amparo que estos últimos iniciaron para suspender el desarrollo de una mina de litio en la zona de las Salinas Grandes.

El planteo de la comunidad indígena solicita una medida cautelar que impida la explotación minera de la zona, hasta que se hagan efectivos sus derechos de «participación y consulta» en un proceso de exploración y explotación de litio y borato en las Salinas Grandes. Si bien el proyecto minero en esta zona es diferente de los casos de Famatina, Tinogasta y Andalgalá, el posible pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso jujeño podría sentar un precedente para otras demandas ambientales en esta línea.

En este punto, la decisión del tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti de convocar a una audiencia pública antes de definir si es competente o no en el caso es un aspecto central, ya que apunta a un rol de arbitraje entre las partes del máximo tribunal, como ya sucedió en casos anteriores.

Amparo

La misma vía ha sido elegida por los supremos en el caso del amparo presentado por la comunidad toba contra el Gobierno de Formosa, quienes también deben presentarse a una audiencia pública el próximo 7 de marzo. En este caso especialmente, se espera que las partes puedan iniciar un proceso de negociación, como ya sucedió en los planteos por el proceso de deforestación en Salta y la situación de desnutrición en Chaco, en los que la Corte citó a las partes y, una vez canalizado un acuerdo por vías institucionales, se declaró incompetente.

Los planteos judiciales a raíz de los diferentes proyectos de explotación minera en las provincias podrían seguir un camino similar, sobre todo si se tiene en cuenta que se han convertido en un tema de alto voltaje político en las últimas semanas debido a las protestas en la zona de Famatina, Tinogasta y Andalgalá.

En este sentido, el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto del planteo de Jujuy podría sugerir futuros posicionamientos sobre otros amparos vinculados con la explotación minera, a pesar de que todavía no hayan llegado a esa instancia.

Por otro lado, el máximo tribunal también tiene en análisis el amparo que iniciaron empresas mineras y gremios sanjuaninos en contra de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso. Este caso es diferente, ya que la intervención de la Corte se limita al análisis de los argumentos que el juez Miguel Ángel Gálvez sostuvo para suspender seis artículos de la normativa, por lo que no se convocará a una audiencia pública ni se iniciará ningún proceso de conciliación.

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