Antes de abrir el debate, Ricardo Lorenzetti dijo: "Pareciera que la cuestión es sencilla: cada parte sostiene que la solución es muy simple y es decidir en su favor. Pero lo que la Corte tiene aquí es un caso. Los principios constitucionales están claros, las posiciones también, pero nosotros tenemos la necesidad de indagar cuestiones muy concretas". Lorenzetti cerró la audiencia a las 13.26, luego de escuchar por el término de tres horas y media a los representantes de las partes involucradas en la causa llamada "Grupo Clarín SA y otros contra Poder Ejecutivo Nacional y otro sobre acción meramente declarativa", que lleva cuatro años de recorrido en ámbitos judiciales.
Después de ese cierre, Lorenzetti celebró, ante los otros jueces, que la audiencia hubiera sido pacífica teniendo en cuenta que era la primera vez que se enfrentaban cara a cara los abogados de las dos partes litigantes. "Es como si dos enemigos decidieran encontrarse en una iglesia", ilustró uno de sus interlocutores.
Los patrocinantes del Estado aclararon a los ministros que su intención no es "fundir" al monopolio. Los del grupo de medios ligaron el achicamiento que les representaría la aplicación de la normativa con un perjuicio para la libertad de expresión. Al término de la audiencia, uno de los letrados de Clarín anticipó que en caso de declararse constitucional la ley, el grupo apelará a foros internacionales.
El miércoles hablaron los "amigos del tribunal" sugeridos por cada parte; ayer fue el turno de los contendientes de poner su propia voz en el debate. Por el Gobierno lo hicieron el equipo técnico del AFSCA en los aspectos formales y jurídicos de la controversia, con un cierre a cargo del titular de esa repartición, Martín Sabbatella, que se reservó el discurso más político. Clarín apeló a un grupo liderado por tres abogados: Damián Cassino, Alejandro Carrió y María Angélica Gelli.
El grueso de la audiencia de ayer lo ocuparon las respuestas de ambas partes a las preguntas hechas en el momento por la Corte. Estuvieron el presidente del tribunal, Lorenzetti, y otros cinco ministros, y sólo estuvo ausente Eugenio Zaffaroni, que había viajado a Alemania. A los técnicos del Gobierno les realizaron cerca del doble de preguntas que a los del multimedios.
Cuando los cortesanos le preguntaron a Clarín por qué su eventual adecuación a los parámetros de la ley de medios en el mercado de cable representaría un perjuicio para el público, uno de los abogados contestó que "al seccionar el tronco del grupo (en alusión a la escala de negocio que maneja en la actualidad) se afecta la libertad de expresión". Y agregó que a diferencia de otros grupos de medios, Clarín "no recibe publicidad oficial ni beneficios impositivos", y le sumó "el cepo publicitario no escrito".
Los lances más fuertes del grupo se concretaron al momento de las réplicas, cuando los abogados tomaron la palabra para exponer ante los jueces. Dijeron que con la ley de medios "se quiere el desguace" del grupo Clarín, y que en ese caso "se perderá la oportunidad de llegar a mucha gente que quiere escuchar su voz".
La abogada Gelli avanzó: "Clarín es el único medio que puede hacer periodismo de investigación. Los otros se sustentan en su mayoría con publicidad oficial".
Antes habían alegado que en los últimos cinco años la plataforma de Fibertel había demandado una inversión de 1.400 millones de dólares con un recupero previsto de 19 años, y que se había pautado ese desembolso basado en la legislación vigente, no en la nueva ley. "Clarín no va a poder subsistir en un mercado competitivo", reconoció uno de los letrados.
El arranque de la exposición del equipo gubernamental tuvo momentos de dudas cuando Lorenzetti quiso saber si existía algún tipo de discrecionalidad en el otorgamiento y caducidad de licencias de cable. Parte del debate pasó por el uso del término "privilegio" en alusión a las licencias, que según los técnicos del AFSCA se trata de una palabra de uso en la jerga regulatoria y que no remite a su significado estricto.
La abogada Graciana Peñaflor fue la mayor protagonista de la exposición oficial, secundada por Daniel Larrache, también del AFSCA. A la pregunta de por qué se planificó un límite de 24 licencias, explicaron que se calculó para no superar el límite del 35% del mercado para operadores de cable.
Aquí, lo principal que se escuchó en esa audiencia:
Un tramo que pareció impregnarles dudas a los jueces y hubo repreguntas fue cuando el secretario de la Corte, Cristian Abrita, preguntó: "¿La libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del Grupo Clarín?" y "¿cuál es la comparación con otros medios más chicos?", ante lo cual el abogado Cassino aseguró que es "imposible seccionar el cable" y, de hacerlo, "el Grupo Clarín dejaría de ser la voz que es". Lorenzetti intervino para pedir que fuera "concreta" la respuesta y, si bien Clarín omitió darla tal cual, el economista representante de esa parte rechazó que se tratase de un "monopolio" y advirtió que había un "mal uso del lenguaje" en ese sentido.
El funcionario negó que la ley esté hecha exclusivamente para el Grupo Clarín y rechazó que la norma afecte su sustentabilidad. Explicó que si bien el grupo "tiene que achicarse, no significa que no sea viable, es un monopolio". "Si uno quiere tener una empresa para definir el rumbo del país, para manipular la opinión pública y para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Debe presentarse a elecciones y ganarlas", disparó.
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