Medios: la Corte define apelación en dos semanas

La Corte Suprema de Justicia decidirá en dos semanas si trata el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra el fallo que suspendió provisoriamente la nueva ley de medios.

La apelación llegó el lunes pasado al máximo tribunal, luego de que la Cámara Federal de Mendoza -que confirmó la resolución de primera instancia- enviara el viernes pasado el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. Dos días antes, los integrantes de ese tribunal de alzada fueron denunciados por presunto mal desempeño en el Consejo de la Magistratura.

La Corte comenzó a analizar el caso en su reunión de acuerdo de ayer, pero decidió definir su posición el próximo miércoles 19 de mayo. Mientras tanto, las causas -que tienen miles de folios a esta altura- serán estudiadas a partir de hoy en la secretaría Nº 5 del tribunal, a cargo de Cristian Abritta, y luego empezará a circular por todas las vocalías. Existen dos opciones para el recurso extraordinario que presentó el Gobierno: que el máximo tribunal lo rechace «in limine», como es usual en los casos que no tienen sentencia definitiva, y amparos; o que haga lugar a la apelación debido a, por ejemplo, la gravedad institucional del tema y se pronuncie sobre la medida cautelar. En esta última opción, la Corte deberá remitir primero el expediente al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que opine en la materia. Recién ahí el tribunal se pronunciará a favor o en contra de la suspensión de la nueva normativa.

La causa se inició en diciembre pasado, cuando el diputado cobista del PJ disidente, Enrique Thomas, inició en Mendoza (provincia que representa) una acción de amparo pidiendo que se suspendiera la nueva Ley de Medios debido a supuestas irregularidades en su trámite legislativo. La jueza de primera instancia Olga Pura de Arrabal hizo lugar al planteo y dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente toda la ley hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

Esta resolución fue el peor golpe judicial que recibió el Gobierno respecto a la nueva normativa, ya que la mayoría de los magistrados que recibieron amparos cuestionando la ley se limitaron a dictar medidas cautelares sólo sobre algunos artículos de ella.

La situación se tornó todavía más compleja para el oficialismo, cuando la Cámara Federal de Mendoza, integrada por los jueces Otilio Romano y Alfredo López Cuitiño, confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que «aparecen vicios de ilegitimidad» en el proceso de sanción de la normativa. Esta resolución disparó acusaciones cruzadas entre el tribunal y el Gobierno: los primeros denunciaron presiones, mientras que el oficialismo y organismo de derechos humanos les imputaron supuestas vinculaciones con delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar. La jueza de primera instancia también denunció presiones en una carta que envió a la Corte (ver nota aparte), mientras que la temperatura política en torno al pronunciamiento del máximo tribunal irá en aumento en los próximos días. Por el momento, varias agrupaciones oficialistas instalaron una carpa al frente del Palacio de Justicia y organizaron ayer una jornada para hablar de la nueva ley.