28 de junio 2023 - 00:00

Mesa “Gestapo”: piden confirmar procesamientos

La querella del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina reclamó ayer confirmar el procesamiento del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y otros seis exfuncionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y revocar la falta de mérito a los empresarios que fueron a una reunión en la sede del Banco Provincia, en la cual se tramó un “plan” para encarcelarlo en 2017, en la causa “Gestapo”, conocida como “mesa judicial bonaerense”.

Se trató de una “mesa diabólica”, según definió Medina al final de la audiencia ante la sala II de la Cámara Federal porteña, cuando pidió hablar ante los jueces del Tribunal reunidos de manera presencial en Comodoro Py.

Poco antes, su abogado, César Albarracín, dijo que esa reunión tuvo lugar poco después de un encuentro entre Vidal y el dirigente de la Uocra Gerardo Martínez, “quien da el beneplácito para avanzar contra Medina”. El abogado recordó que Medina fue “perseguido en el 2001, cuando era ministra de Trabajo Patricia Bullrich, y fue sobreseído” y la Justicia sostuvo en ese momento que “todo estaba enmarcado en el regular ejercicio de la actividad sindical”.

Durante el macrismo, Medina fue detenido el 26 de septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, luego del encuentro en el Banco Provincia donde Villegas, “principal ejecutor del plan”, dijo la frase “si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. “Tenía más de 15 causas en tres meses, después de esas reuniones”, dijo el abogado y en relación a los empresarios reclamó que también sean procesados porque “es absurdo” suponer que no entendieron lo que sucedía.

“Escucharon decir al ministro que quisiera tener una Gestapo, escucharon cómo los agentes de la AFI proponían provocar al gremio para generar reacciones de apariencia delictiva, todos dicen que están de acuerdo, es evidente que comprendieron y pocos días después hicieron lo que acordaron”, enumeró sobre el inicio de esa causa penal que terminó anulada y con sobreseimientos de todos los imputados. Entre los empresarios presentes y a quienes luego se dictó falta de mérito estuvieron Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

La querella reclamó además que se ordene profundizar la investigación para determinar si hubo funcionarios de mayor jerarquía involucrados en la maniobra y también que se investigue a los funcionarios judiciales de Quilmes que abrieron la causa penal contra Medina en base a un anónimo que recibieron en una mesa de entradas tribunalicia.

Medina y otros imputados que estuvieron presos en la causa penal abierta en el fuero federal de Quilmes luego de esa reunión se presentaron en la audiencia que se extendió por casi dos horas ante los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Los tres magistrados deben resolver si confirman los procesamientos resueltos por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplaik contra Villegas, el intendente de la capital bonaerense Julio Garro y exfuncionarios de Vidal que participaron de ese encuentro junto a tres exagentes de inteligencia también procesados.

Los procesados son Villegas; Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).Todos están acusados de violación a la Ley de Inteligencia y supuesto prevaricato.

Las querellas pidieron rechazar un planteo de nulidad para tomar como prueba válida la filmación de la reunión del 15 de junio de 2017, hecha por la AFI y hallada cuatro años después en esa dependencia y cuyas imágenes dieron origen a la denuncia. Se trata de un hecho “de gravedad tremenda, no hay cosa más perversa”, graficó Mariano Cúneo Libarona, el abogado de la querella de dos empresarios que también fueron detenidos en la causa penal que se abrió a Medina.

Los funcionarios públicos “no pueden reunirse para planificar un delito”, agregó.

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