El fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera, reveló que hubo hallazgos relevantes al cruzar información de cientos de llamadas de policías y otros funcionarios la noche del hecho, así como de detenidos y de los propios estudiantes, algo que no se hizo exhaustivamente en la primera fase de la investigación entre 2014 y los primeros meses de 2015. La pesquisa tuvo que prácticamente reiniciarse luego de que un grupo de especialistas y la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos mostraran las fallas.
Durante el primer año, las autoridades se centraron únicamente en investigar a policías municipales de Iguala, en el sureño estado Guerrero, a donde un centenar de estudiantes de magisterio llegaron el 26 de septiembre para llevarse colectivos a una protesta, y a los de la localidad vecina de Cocula.
Allí fueron atacados por policías municipales, secuestrados y supuestamente entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en una enorme pira, según la primera versión del Gobierno, la cual fue duramente cuestionada por forenses.
Higuera sostuvo que cerca de 100 nuevas declaraciones fueron recogidas entre julio y septiembre, de las cuales 39 son de policías ministeriales (de investigación) de Guerrero y 19 de policías federales que estarían involucrados en el caso. "Han declarado elementos de todas las corporaciones, incluyendo en esto, naturalmente, elementos del orden federal", dijo el funcionario, quien asumió su cargo el 1 de junio, un mes después de que un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara severas fallas en la investigación del Gobierno.
La CIDH determinó que hubo obstrucciones a la investigación del caso, uno de los más graves de desaparición forzada cometidos en el país, así como torturas a detenidos y posible manipulación de evidencia por parte de un alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR, o fiscalía federal).
Además dijo que la desaparición de los estudiantes, de quienes hasta ahora se desconoce su paradero, formó parte de un vasto operativo en el que participaron policías municipales de varias localidades alrededor de Iguala, así como estatales y federales que nunca habían sido indagados.
Casi dos años después de la desaparición de los jóvenes y con un expediente de más de 200 tomos, el fiscal no promete prontos resultados: "No podemos, por la naturaleza misma de un trabajo de investigación, establecer un tiempo para la conclusión del tema".
| Agencia Reuters |
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