México: polémica por un plan para dar amplio poder a las FF.AA. en la seguridad interior

Activistas de derechos humanos y organismos como la ONU advirtieron que la propuesta hará permanente el rol militar en tareas que deberían corresponder a cuerpos de civiles. A los soldados se los responsabiliza de buena parte de los 28.000 desaparecidos y más de 150.000 muertos que ha causado la estrategia contra los carteles.

VIOLENTOS. A los militares que participan de la guerra contra el narco se los acusa de cometer ejecuciones sumarias.

Ciudad de México - La Ley de Seguridad Interior, que busca regular el actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas en su combate al narcotráfico, es considerada indispensable por buena parte de los políticos pero inquieta a expertos, quienes dicen que legitima la presencia de los militares en las calles.

El ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, se pronunció por primera vez en diciembre pasado a favor del regreso de los militares a los cuarteles, tras denunciar la "desnaturalización" de la función del Ejército al ponerlo hace un década al frente de la lucha contra los cárteles de las drogas.

Exigió "un marco" que respalde la actuación de los soldados en las calles, una declaración que fue secundada días después por el presidente Enrique Peña Nieto, quien estimó "preciso contar con una Ley de Seguridad Interior".

Es en este contexto que el Congreso tiene en su haber hasta cinco iniciativas para delimitar y regular la labor de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

Según el director del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo, el objetivo es "legitimar y legalizar lo que hasta ahora es inconstitucional, el uso del Ejército para la seguridad pública", y dar un marco para que la labor de las Fuerzas Armadas "sea permanente".

Además, los proyectos de ley son "una burla" porque no plantean "controles institucionales", no presentan un plan para "retirar" a los militares de las calles y, en general, son "peligrosamente vagos y amplios".

Por ejemplo, la propuesta del diputado del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, define una serie de acciones que pueden ejecutar las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y sobresale el último apartado, que determina que pueden realizar aquellas "que se consideren necesarias".

Para el analista, que participó en foros de discusión de la ley en el Senado, el Ejército tiene una posición difícil porque no está entrenado en seguridad pública, pero no podría retirarse de inmediato de ciertas zonas por la debilidad de los cuerpos policiales. "Hizo en gran medida lo que pudo, y esto fue contraproducente", aseveró Madrazo. Y es que la estela de muerte y dolor de la última década es espeluznante: unos 28.000 desaparecidos y más de 150.000 muertos hasta 2015.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, destacó en una reciente mesa de debate que la tasa de homicidios pasó de 2007 a 2011 de 8,1 a 23,7 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Tras unos años de ligeras mejoras, en 2016 se registraron 21 homicidios por 100.000 habitantes, "con marcados incrementos en los estados donde se instalaron estos operativos conjuntos y la confianza con el Ejército a la baja en estos mismos lugares", apuntó.

El representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, destacó que cuando se dan violaciones a derechos humanos de las autoridades poniendo como "excusa" la seguridad, desaparecen "reglas de conducta", lo que incentiva "una espiral de violencia".

A su vez, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, exigió que esta acote el concepto de seguridad pública, seguridad nacional e interior, contemple mecanismos de control, evite que las Fuerzas Armadas participen en la investigación de delitos y no asuman "bajo ningún supuesto" que su actuación será permanente, entre otras.

El texto continúa debatiéndose y el miércoles pasado el ministro de Gobernación (jefe de Gabinete), Miguel Ángel Osorio, se reunió con la Cámara de Diputados y urgió a la aprobación de la ley.

Una reciente encuesta de Parametría reveló que el 60% de los consultados prefería al Ejército en las calles, más de tres veces el porcentaje de quienes se inclinaron por la Policía (18%).

Agencia EFE