Mientras crece polémica por tarifas de gas, Gobierno reparte lo recaudado

Jorge Sapag

El cargo en las facturas de gas para cubrir el costo de las importaciones del producto suscitó un embrollo legal del que todavía no se conoce el final, pero llamativamente el Gobierno nacional comprometió el 50% de los fondos recaudados para incentivar la producción y las inversiones.

Para destrabar el conflicto con los gremios en la cuenca neuquina que amenazaba con dificultar el suministro de gas y combustibles líquidos, el ministro Julio De Vido- con el aval de la presidente Cristina de Kirchner- acordó con el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, un aumento en el precio de 1,20 dólar del gas en boca de pozo destinado a Cammesa, de modo de pasar de 1,40 dólar por millón de btu a 2,60 dólares. También, la Nación destinaría a los yacimientos de la cuenca neuquina la cuarta parte de los fondos recaudados con el polémico cargo en las tarifas.

Al cierre de esta edición, Chubut, Santa Cruz y el resto de las provincias productoras se sumaron al acuerdo y el Ministerio de Planificación afirmó que las petroleras invertirán alrededor de u$s 600 millones en doce meses, tanto por el mejor precio que pagará Cammesa por el gas como por los fondos provenientes del cargo.

Un dato que de entrada confirma la confusión de toda esta trama, es que en Chubut, Santa Cruz, y desde esta semana Neuquén, tres de las provincias beneficiadas, los usuarios residenciales no están pagando el cargo, tras sendos pronunciamientos judiciales, que por lo menos en la primera provincia fue impulsado por el propio gobernador, Mario Das Neves.

Un repaso de archivo revela que en noviembre de 2008, De Vido, cuando anunció el Decreto 2067 que crea el fondo fiduciario con el cargo en las tarifas, anunció una reducción de $ 1.400 millones en los subsidios para la importación de gas. En abril, elevó el piso a partir del cual se cobra el adicional en 10 provincias cordilleranas y patagónicas, y aseguró que esto implicaba una mejora del 28% en las tarifas residenciales de esas zonas.

Incongruencia

Posteriormente, en junio, el ministro anunció una nueva suba del piso a partir del cual se cobra el cargo prácticamente en todo el país para los meses de invierno. En ese momento indicó que por la caída en los precios internacionales del petróleo y derivados- entre ellos el gas que se importa de Bolivia y el GNL para regasificar- habría una recaudación superior en $ 200 millones a las necesarias para cubrir los subsidios, y que por eso el Gobierno decidió realizar más excepciones.

Si los números fueran así, la recaudación por el cargo del Decreto 2067 rondaría actualmente $ 1.200 millones anuales, por lo cual las petroleras tendrían una mejora en sus ingresos de alrededor de $ 600 millones presumiblemente en un año y a partir de agosto, y el Tesoro nacional perdería recursos en la misma cantidad. Pero todavía los números están lejos de cerrarse y las compañías afirman que los compromisos de inversión no son definitivos.

Las incongruencias sobre el destino de los fondos facilitarían aún más los fallos judiciales que frenan el cobro del cargo y que ya abarcan a Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, la localidad bonaerense de Escobar y Neuquén. Está pendiente además un pronunciamiento de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo sobre una cautelar que pare el cobro y sobre la inconstitucionalidad del Decreto 2067, tras una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Dicho en otros términos, no se sabe cuánto es la recaudación efectiva, se ignora cuál es el precio unitario y total de las importaciones para el invierno de este año, no se indica cuánto de ese costo se cubre (como está fijado por decretos anteriores) con los impuestos a la exportación a Chile, y se promete repartir el 50% de lo que se anunció que se percibiría.

Antes de que se anunciara la reorientación de los fondos, el senador Rubén Giustiniani pidió la interpelación de De Vido en la Cámara alta y exigió la derogación del decreto que habilita el cargo en las tarifas de gas por «inconstitucional».

Giustiniani solicitó la presencia del ministro para que informe si se importó gas natural, consigne los volúmenes importados mensualmente, las fechas, el país de origen y el monto gastado en dichas importaciones; y el detalle del gasto de los montos integrantes del fondo fiduciario creado por el Decreto 2067/2008 y las resoluciones conexas.

El senador advirtió, al igual que la Defensoría del Pueblo que el decreto implicó «la creación de un tributo que tiene el carácter de impuesto, con lo cual el Ejecutivo asume atribuciones legislativas que le corresponden al Congreso lo cual transforma al aumento de tarifas en inconstitucional».

Además, el aumento del gas en yacimiento requiere que previamente se realice una audiencia pública según la ley de marco regulatorio. En este caso, una fuente empresaria afirmó que el acuerdo entre Nación, provincias, empresas y gremios, implica un aumento en el precio de gas en boca de pozo en términos promedio de 2 a 2,60 dólares en forma gradual. Hasta ahora, Cammesa estaría pagando 1,40 dólar, los residenciales y el GNC entre 0,60 y 0,90 de dólar, mientras la mayor parte del gas que consume la industria ya se ubica cerca de 3 dólares, siempre por millón de btu que es la unidad de medida.

La salida adoptada por el Gobierno tiende a calmar los ánimos adversos en las provincias productoras por la aplicación del adicional en tarifas mientras los ingresos por regalías tuvieron poca variación.

Las petroleras además presionan para obtener una mejora de precios tanto del gas como del petróleo. En este último caso, el gobernador Sapag explicitó que busca el apoyo del Gobierno nacional para que el precio local del crudo más liviano pase de u$s 47 a u$s 52, lo que podría impactar en el valor de los combustibles al público.

Las empresas afirman que los problemas de caída de la actividad están directamente relacionados con los valores en el mercado interno, a lo que se suma la caída de la cotización internacional, las retenciones a la exportación y las complicaciones para acceder a un mercado externo sobreofertado.

El acuerdo alcanzado que firmaron los sindicatos petroleros de todas las cuencas implica mejoras salariales inmediatas para los trabajadores, incluidos los que se encuentran bajo procedimiento preventivo de crisis, y paz social hasta el 31 de diciembre.

Por su parte, las provincias productoras que tienen un significativo déficit en sus cuentas, tendrían un aumento de u$s 130 millones en las regalías percibidas por el gas al subir el valor de este producto. El subsecretario Roberto Baratta dijo en Neuquén: «Tenemos la expectativa de destinar aportes no sólo para el petróleo y el gas plus, sino también para reactivar las maquinarias, poner en marcha todos los equipos de perforación y buscar gas en arenas compactas».

El problema es que las cuentas del Tesoro nacional muestran una tendencia al desequilibrio que no permite más repartos, sobre todo si se trata de fondos de dudosa cobrabilidad, por los recursos judiciales en curso.