Militares insisten con la pista civil por el narcovuelo

Nilda Garré

En línea con lo que había declarado el exjefe de la Base Aérea de Morón, comodoro Jorge Ayerdi (relevado la semana pasada), un grupo de oficiales de baja jerarquía explicó al juez Rafael Caputo que el sector donde estuvo estacionado el avión de los Juliá está bajo control de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC).

Caputo se hizo cargo hoy de la investigación del presunto tráfico de estupefacientes que habrían sido cargados en la plataforma norte del aeródromo de Morón, ya que el titular del tribunal, Alejandro Catania, está de vacaciones.

El juzgado tenía previsto desde la semana pasada el programa de citaciones parciales para contar con los testimonios de la totalidad de los uniformados que prestan servicio en la base militar, alrededor de 165 personas. Los testigos de ayer reiteraron que a pesar de la doble presencia de estructuras del Estado en el predio (la Fuerza Aérea y la ANAC), le correspondía al organismo de fiscalización de los aeropuertos conocer lo que pasaba en relación con el movimiento del jet privado que voló a España con 944 kilos de cocaína en su interior.

La pieza fundamental para sostener esos testimonios es el Convenio de Uso Compartido de Instalaciones del Aeródromo Público y de la Base Aérea Militar Morón, documento que fue firmado por el jefe del arma, brigadier general Normando Costantino, y por el entonces administrador de la ANAC, Rodolfo Gabrielli. Para los aviadores, ese documento es el eje de la división de roles y jurisdicción en el aeródromo compartido. También reiteraron que había instrucciones de cumplimiento obligatorio para el personal de la ANAC de que cada vez que alguna persona quisiera ingresar desde un puesto militar hacia el sector donde estuvo estacionado el Challenger 604 (cruzando la pista principal), debía hacerse acompañar por un vehículo oficial y avisar a la torre de control por cuestiones de seguridad en la operación de los vuelos. Insistieron en que la ANAC disponía de un puesto de vigilancia a cargo de la empresa de seguridad privada USS que controlaba el acceso de vehículos y personas a la plataforma norte.

Se sabe que el juzgado no citará más testigos del organismo de fiscalización aeroportuario y de la actividad aerocomercial que preside Alejandro Granados, hijo del intendente de Ezeiza.

Hasta ahora, el tribunal tiene un acopio de numerosos testimonios de personal de la Fuerza Aérea, cuya orientación es siempre la misma: señalar a la ANAC como actor central a cargo de la seguridad y el control de lo que sucedía en el sector del Challenger 604.

La ANAC -a través del testimonio del jefe civil del aeródromo, Ricardo Palazón- sostiene que el mencionado Convenio de Uso Compartido nunca fue rubricado por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré; en consecuencia, no tenía entidad formal.