Misión imposible: fugar hacia adelante

Hace unas tres semanas se anunció la intención de concertar precios y salarios. Más allá de lo curioso de fechar para el mes siguiente un "congelamiento" de precios dando margen para anticipar aumentos, los primeros anuncios confirmaron que el porcentaje de bienes involucrados es acotado. Por lo tanto -dado que la inflación no se frenará por esta vía-, la pata heterodoxa de la política antiinflacionaria se deberá centrar en el ancla salarial, ya que el tipo de cambio se abandonó a mitad de año. La estrategia oficial para acordar salarios, sin embargo, no ha variado mucho desde 2010 a la fecha: se lanza una pauta de prueba del 18% para luego estirar la aceptación a un rango que se ubica entre 24% y 30%. La novedad de 2013 fue el congelamiento de precios de febrero, que se extendió por 3 meses, seguido por un inevitable descongelamiento para impedir el desabastecimiento. El año pudo cerrar con acuerdos en el rango del 24% al 26% porque se venía de crecimientos mayores en 2011/12. ¿Qué novedades aporta la concertación modelo 2014? No mucho, y a poco de analizar las condiciones iniciales y la dinámica actual, se concluye que cualquier "acuerdo" será revisado en pocos meses ajustando las variables nominales para arriba -excepto la actividad económica-. En términos relativos, lo más importante es que existe una elevada chance de que -por primera vez desde 2003- los salarios reales experimenten una declinación.

La primera razón para ello es que la inflación tiende a acelerarse, y no precisamente por el fracaso de los controles de precios. La aceleración está asociada al creciente deterioro fiscal financiado con emisión monetaria y a la citada decisión de abandonar el ancla cambiaria sin programa de estabilización. Las condiciones iniciales del fisco para 2014 son extremadamente débiles: el año 2013 cierra con un déficit global del sector público no financiero del 5,2% del PBI -más el déficit que puedan acumular las provincias- y las perspectivas de recesión para el año próximo anticipan un desequilibrio mayor. No olvidemos que buena parte de los recursos tributarios dependen de la actividad y esa característica procíclica magnifica desequilibrios en la recesión. Para financiar el déficit, habrá que recurrir, pues, a un mayor impuesto inflacionario. Como la base del impuesto no crecerá en términos reales, deberá aumentar la tasa del impuesto (es decir, la tasa de inflación). Eso ya está teniendo lugar: desde agosto la tasa de inflación anualizada promedió casi un 30% frente a 23,5% un año atrás. El éxito del Gobierno en recaudar más impuesto inflacionario dependerá de cuánto se sostiene la demanda de pesos, y de cuánto de ese impuesto le reclamarán las provincias. Cuanto más exitoso, mayor la inflación (pero no recíprocamente) y mayor el deterioro del poder de compra de los salarios.

La segunda razón por la cual los salarios reales han dejado de crecer y podrían declinar es la caída de la productividad. No hay forma de sostener los salarios reales si la tendencia se mantiene. La caída de la productividad total factorial y en particular de la productividad laboral no sólo se asocia al bajo capital disponible para cada trabajador, a las regulaciones sobre mercados de productos y factores y al deterioro de la calidad del capital humano (educación), sino a la gran expansión del empleo público. En diez años el empleo público creció en 1,2 millón de puestos, es decir, más del 53%, a una tasa acumulativa del 4,4% anual. La productividad del (nuevo) empleo público es quizás positiva, pero seguramente inferior a la del empleo informal y naturalmente menor que la del empleo formal privado. Si bien en esos diez años el empleo informal cayó, lo hizo sólo en 400 mil personas, de modo que al cabo de diez años el empleo de baja productividad creció. Además, en los últimos cinco años lo único que creció es el empleo público.

Actualmente, la suma de empleados públicos y trabajadores informales supera el 64% de todos los ocupados. Esa proporción era del 62,5% en la década del 80, subió al 67% en los 90 y al 69% entre 2000 y 2009. La caída reciente al 64% se explica por menos informales en parte compensado por más empleados públicos.

El problema adicional para la productividad de la economía es que para financiar a los nuevos empleados públicos se debe incrementar la presión tributaria sobre el sector privado. Es decir que se tienen hoy más empleos de baja productividad financiados con mayores impuestos que paga el sector de mayor productividad. Cuando los impuestos legislados no alcanzan, el empleo improductivo se financia con emisión monetaria. Para 2014 la presión tributaria probablemente supere el 49% del PBI, computando el financiamiento inflacionario.

Cambiar esta tendencia de productividad declinante con presión tributaria explosiva requiere no sólo agregar capital (la parte fácil de los anuncios, vía financiamiento), sino también reasignar recursos desde sectores improductivos a sectores productivos. En particular, reasignar el factor trabajo desde el Estado y muchas actividades de productividad baja o nula. Esta cuestión no está en la agenda de ningún partido, y menos de la actual administración. No hay espacio para "fugar hacia adelante" o, como decía el General, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos.