Monumento a Colón motivó otra audiencia

Legisladores, funcionarios y vecinos defendieron ayer en el Palacio Legislativo porteño un proyecto de ley que declara como patrimonio cultural de la Ciudad el monumento a Cristóbal Colón, retirado por la Nación de su pedestal y que se encuentra recostado frente a la Casa Rosada, en medio de una polémica que se generó por su traslado. Se trató de una audiencia pública realizada en el Salón Dorado Hipólito Yrigoyen de la Legislatura porteña.

Durante más de dos horas y media, expositores y oradores expresaron su voluntad para defender los derechos y bienes locales ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de trasladar la estatua que estaba emplazada en la plazoleta de La Rábida y reemplazarla por la de Juana Azurduy.

Se manifestaron la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, el secretario de Planeamiento del Gobierno porteño, Héctor Lostri; los legisladores Pablo Bergel y Julio Raffo; la titular de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, Liliana Barela, y los defensores del Pueblo adjuntos Gerardo Gómez Coronado y Atilio Alimena.

Además, expresaron su voluntad cerca de tres decenas de personas que se habían registrado con anticipación para hacer uso de la palabra.

La diputada nacional Alonso expresó que "el monumento es parte de la Ciudad" y que "se está discutiendo un tema fuera de lugar, ya que el derecho al patrimonio lo tienen todos los habitantes de Buenos Aires y nadie les preguntó si estaban de acuerdo o no". Además, argumentó que "el traslado de la estatua le hace daño al pueblo porque es parte de la historia de todos".

En representación del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño, intervino el secretario Lostri, quien hizo referencia a que el monumento es parte de tres parques proyectados y realizados "para articular las relaciones interpersonales que se daban en el área central de la ciudad hace 100 años". Se trata de los parques Central, del Retiro y Lezama, estructuras verdes perpendiculares al eje cívico simbólico conformado por la Avenida de Mayo entre la Casa Rosada y el Congreso Nacional", agregó.

Los diputados Bergel y Raffo coincidieron en que no se discute ideológicamente sobre la historia ni el gesto generoso del Estado Plurinacional de Bolivia que donó una estatua de Juana Azurduy, sino se trata de reafirmar la autonomía de la Ciudad y recuperar la plena posesión por parte de la misma sobre toda la plazoleta o el espacio en que se emplaza el monumento.

Asimismo, la directora Barela recordó que representa al órgano de aplicación de la Ley 1227 y a su criterio "existe una clara violación de la legislación vigente y daños, pues el monumento fue removido". A su vez, el defensor adjunto Gómez Coronado, ratificó el apoyo al proyecto de ley que tiene aprobación inicial de la Legislatura y manifestó su malestar por "los reiterados incumplimientos a los procedimientos legales por parte del Poder Ejecutivo nacional, tales como las debidas consultas al Gobierno de la Ciudad, a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y al propio Congreso de la Nación".

Por su parte Alimena, también defensor adjunto, consideró que la decisión de haber puesto sobre el suelo el monumento es además un "desacato a la ley, un atropello y un capricho" y recordó que el 31 de mayo estando junto al monumento recibió la explicación de que la decisión respondía al "revisionismo histórico".