Nación busca hoy contener queja de gobernadores y lograr acuerdo docente

Esteban Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

A sólo ocho días hábiles del inicio de clases, y en un giro sorpresivo tras el optimismo que flotó en la paritaria docente nacional el martes con la oferta oficial de llevar el salario mínimo a $ 8.500 en julio, se dilataron ayer las negociaciones a partir de una virtual rebelión de los gobernadores, que salieron a cuestionar ese incremento, que en términos de bolsillo escala al 40,3% y que augura un riesgoso impacto en sus distritos.

Según fuentes gremiales, el propio ministro de Educación, Esteban Bullrich, blanqueó la encerrona política en un sorpresivo encuentro en el Palacio Sarmiento ante los dirigentes de Ctera, Uda, Sadop, Amet y Cea, que se quedaron así con las ganas de firmar en la mañana de ayer un acta con la oficialización de la propuesta, como estaba previsto.

Por eso hoy el funcionario de Mauricio Macri intentará calmar los ánimos entre los mandatarios y clarificar sus dudas sobre la oferta nacional y sobre qué rol jugará la Casa Rosada en materia de financiamiento en pos de apuntalar en las provincias aumentos que no superen el 25%, según pudo saber este diario pese al fuerte hermetismo oficial. 

Oportunidad no le faltará, ya que los gobernadores desembarcarán en la Casa Rosada para asistir a un anuncio de Macri en torno a Ganancias, mientras que el ministro además mantendrá un encuentro con pares del interior, en el marco del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación.

De hecho, ya ayer Bullrich se sumergió en las quejas de las provincias en su paso por el encuentro que el titular del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvo con los ministros de Economía con agenda de coparticipación.

Por de pronto, desde filas gremiales sostienen que la oferta de suba no será retocada, y esperan -según lo aseguró anoche el titular de Uda, Sergio Romero- poder sellar mañana al mediodía, en la cartera laboral, la recepción de la propuesta, luego de que Bullrich calme las tensiones con los gobernadores.       

Pero, en una suerte de intimación, advierten que si eso no ocurre, definirán medidas de fuerza, a poco más de una semana del retorno a clases.

El martes, y tras una reunión paritaria, flotaban otros vientos con la oferta de llevar el salario mínimo -hoy de $ 6.060-, a $ 7.800 desde el 1 de febrero, y a $ 8.500 desde el 1 de julio.

Buena parte de los sindicatos aseguró por esas horas que se trató de una propuesta de aumento del 40,3% y que sólo restaba conocer la respuesta de las bases. Pero Bullrich intentó anclarla en el 25% más una suba de $ 800 en dos tramos del Fondo Nacional de Incentivo Docente -que no es ni remunerativo ni bonificable-, para no quedar a contramano de la pauta de inflación que ventila Macri, del 25% anual, y evitar así un riesgoso impacto en otras paritarias sectoriales y en las provincias.

Según fuentes provinciales y gremiales, el volantazo de ayer fue fogoneado por el malestar que generó entre los gobernadores la magnitud del incremento, en medio de sus esfuerzos por intentar cerrar un acuerdo con los maestros locales para espantar los paros el 29 de febrero.

Más allá de las explicaciones de Bullrich, con reclamos gremiales por encima del 35% al 40% y en medio de urgencias de cuentas generalizadas, los mandatarios -alarmados- vieron tambalear así las conversaciones en sus distritos ante la contundencia de la oferta nacional, en la que se montaron rápidamente los sindicatos para exigir una recomposición de ribetes al menos cercanos.

Si bien en voz alta mostraron cautela, por lo bajo mandatarios y ministros -incluso alineados con el macrismo- reconocieron el impacto negativo de la novedad y no ocultaron el malestar con la gestión Bullrich, sobre todo luego de que en la reunión de la semana pasada en Jujuy del Consejo Federal de Educación el ministro bajara la línea de no destrabar subas por encima del 25%, para rediscutir después de mitad de año, en función de la inflación.

La reacción es entendible: más allá de la asistencia de recursos que brinda el Palacio Sarmiento -en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente y de, en algunos distritos apremiados, el Fondo de Compensación Salarial-, buena parte del sueldo es pagado por las provincias.

"Esa es una paritaria sin sueldo, porque Nación acuerda pero no paga, las que pagan son las provincias", advirtió el ministro de Educación cordobés, Walter Grahovac, más allá de esa remesa federal.

Con ese tenso telón de fondo, un caso testigo se vivió prontamente ayer en Mendoza, donde los maestros le rechazaron al radical Alfredo Cornejo -alineado con la Casa Rosada- una suba del 22,6% en dos tramos hasta julio, con reapertura de la conversación a mitad de año. "Evidentemente no se han hecho eco del ofrecimiento del Gobierno nacional", disparó el dirigente del Sute, Adrián Mateluna.

Desde Córdoba, en tanto, el titular de la Uepc, Juan Monserrat, celebró que "Bullrich logró sortear las trabas que le planteaba (el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso) Prat Gay, sobre que no tenía que haber aumentos superiores al 25%".

Con la dilación en la negociación nacional, ayer se vivió una jornada de incertidumbre en los despachos del interior. Por caso, pasadas las 21 de ayer no tenía aún horario determinado la reunión paritaria de la bonaerense macrista María Eugenia Vidal con los maestros prevista para hoy, y no se descartaba una prórroga.

"Sería un despropósito que el Gobierno nacional haya discutido con los docentes y en las provincias tenga otra actitud", marcó la cancha el titular del Suteba, Roberto Baradel, tras el rechazo a una suba del 24,1% en tres tramos.

Por su parte, el porteño Horacio Rodríguez Larreta postergó para mañana a las 14 el encuentro agendado para hoy, tras el rechazo a un alza del 22%.