Nación negocia ajuste de rojo y desalienta bono por u$s350 M

En medio de un fuerte hermetismo por el temor a escraches, avanzan las conversaciones en Río Gallegos entre funcionarios de Mauricio Macri y de Alicia Kirchner. Nueva semana de paros.

Alicia Kirchner y Nicolás Dujovne

Ya en suelo santacruceño y en medio de un fuerte hermetismo, se reiniciaron ayer las negociaciones entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mandataria Alicia Kirchner (Frente para la Victoria) en pos de acordar un ajuste gradual del déficit que destrabará una asistencia financiera amplia al distrito, paralizado por las protestas por los retrasos salariales.

Con ese objetivo recalcaron en Río Gallegos el subsecretario de Relaciones con las provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, y el director nacional de Política Fiscal, Guillermo Giussi, quienes continuarán hoy con las conversaciones y retornarán mañana a Buenos Aires.

"Nosotros no vamos a decirle a la gobernadora dónde debe recortar gastos", recalcaron desde el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, aunque destacaron que están "negociando y avanzando".

Por su parte, desde la cartera de Hacienda de Nicolás Dujovne advirtieron que no sería "conveniente" la colocación de un bono por u$s350 millones -ventilada por el Ejecutivo local- por "temor a que no lo puedan pagar".

"No creemos que vayan a ser capaces de pagarlo ni de generar la confianza necesaria; además, en caso de no pago, traería un problema para todo el país, no sólo a Nación sino al resto de las provincias que sí están fiscalmente ordenadas y pueden tomar deuda afuera", afirmaron frente a la amenaza de default, aunque remarcaron que no hubo aún un pedido formal de colocación y que, en ese caso, se "evaluará".

En rigor, la emisión de un título -afirman fuentes nacionales- "no está hoy entre las prioridades de la negociación".

La Casa Rosada condiciona una asistencia financiera integral a que la exministra de Desarrollo Social nacional confirme un plan de recorte gradual del déficit -este año superará los $6 mil millones- para llegar al equilibrio fiscal en 2019. Ello, luego de que Alicia Kirchner firmara la semana pasada la adhesión del distrito a la Ley de Responsabilidad Fiscal, con los lineamientos consensuados entre provincias y Nación en Mendoza.

De ello dependen un préstamo del Banco Nación por entre $750 millones y $900 millones y la refinanciación de vencimientos de deuda por más de $800 millones.

Pero en el Ejecutivo patagónico se resisten a avanzar en un recorte de la planta de estatales o en un proceso de armonización del sistema previsional local, para equipararlo con el nacional.

Por de pronto, y como parte de sus escalas, Caballero y Giussi asistieron durante la mañana -por más de 2 horas- a la empresa Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz). El negociador anfitrión es el ministro de Economía, Juan Donnini.

El silencio en materia de agenda y confirmación de avances no es antojadizo, frente a la amenaza de protestas de militantes del oficialismo para exigir un salvataje de fondos -circuló un audio con una arenga en ese sentido supuestamente efectuada por una legisladora kirchnerista- y a la pretensión de los gremios de advertir que la ayuda no debe ir atada a un ajuste en puestos de trabajo, salarios o beneficios previsionales.

"Lo que les pedimos es que nos den una hoja de ruta para que gradualmente vayan arreglando el descalabro que ellos heredaron de su propio espacio político", enfatizó ayer Frigerio, además de señalar que todavía las partes no llegaron a un acuerdo.

"Tienen que mostrarnos resultados; los santacruceños la están pasando muy mal y estamos haciendo el esfuerzo para llegar a un nivel de entendimiento con la Provincia para que, entre otras cosas, empiecen las clases", remarcó.

Además cuestionó la amenaza de escraches. "Después de los millones de pesos que el Gobierno kirchnerista le envió a Santa Cruz, la provincia está quebrada; en vez de invitar a escrachar a funcionarios que están haciendo su trabajo, deberían explicar cómo se llegó a esta situación", disparó.

La provincia acumula semanas de huelgas de estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la Salud que virtualmente paralizan la provincia, producto de las demoras salariales y la falta de una recomposición salarial 2017.

Uno de los dramas más duros golpea a la comunidad educativa, con 43 días de aulas vacías -el ciclo lectivo no arrancó aún- y con maestros que a cuentagotas comenzaron a cobrar el salario de abril, en el caso de los sueldos más bajos. Por eso una treintena de padres presentó en El Calafate un recurso de amparo, en pos de que la Justicia garantice las clases en Santa Cruz. En paralelo, se mantenía ayer el piquete por tiempo indeterminado de ATE en la Ruta Nacional 3, en el acceso a Río Gallegos, que genera fuertes complicaciones en el tránsito de la zona.