Washington - El cierre de la controvertida prisión estadounidense de Guantánamo, uno de los ejes de campaña del presidente estadounidense Barack Obama, sufrió un nuevo revés al conocerse que la presentación de dos informes jurídicos prevista originalmente para ayer se postergará varios meses.
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La presentación de las conclusiones de dos grupos de trabajo se retrasó, sobre todo, por la complejidad jurídica que presentan los temas que abordan. En particular denunciaron como ilegales los métodos de interrogatorio y las circunstancias en el centro de detención, informó ayer el diario norteamericano The Washington Post.
Uno de los grupos, bajo responsabilidad del Departamento de Justicia, necesitaría seis meses más de lo previsto para concluir su trabajo, según la fuente. El segundo, centrado en los métodos de interrogatorio a detenidos en Guantánamo, seguirá trabajando otros dos meses hasta tener listas sus conclusiones. Colaboradores del Gobierno de Obama aseguraron, sin embargo, que Washington mantiene el objetivo de cerrar Guantánamo antes de enero de 2010, dentro de su primer año de mandato, tal como lo prometió el mandatario.
Sin embargo, el presidente norteamericano afronta una fuerte oposición entre los legisladores, incluidos algunos en su propio partido, de transferir detenidos de Guantánamo a Estados Unidos para su detención y juzgamiento.
En mayo, el Congreso demandó un plan detallado sobre el cierre de la unidad antes de que le garantizara al mandatario los fondos necesarios para llevar adelante su plan.
Obama insistió diciendo que algunos detenidos serían juzgados en tribunales de Estados Unidos y serían mantenidos en prisiones de máxima seguridad en su territorio, mientras que otros serían juzgados por comisiones militares o transferidos a otros países.
Pero Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, dijo que «con el tiempo ha ido quedando claro que el Gobierno anunció su intención de cerrar Guantánamo sin un plan». En esta prisión, abierta durante el mandato del ex presidente George W. Bush luego de los ataques del 11 de setiembre de 2001 y que ha recibido duras críticas a nivel internacional por retener a personas indefinidamente, muchas de ellas sin cargos formales en su contra, siguen detenidos 240 presuntos terroristas. El Gobierno estadounidense intenta que diversos países acepten acoger prisioneros después del cierre del centro.
Ejemplo de las dificultades es que hasta el momento sólo se han analizado la mitad de los casos. Ésstos son estudiados para saber si el juicio se realiza en un tribunal civil o militar o si está apto para ser transferido a otro país.
Hasta el momento se aprobó la transferencia de 50 internos, de los cuales 11 ya han sido trasladados a otros países dentro de los cuales se incluye a Arabia Saudita, Chad, Irak y Bermuda.
Cuesta avizorar el futuro de aquellos reclusos cuyo testimonio fue obtenido a través de torturas o lo que sucederá con los 20 detenidos considerados de máxima peligrosidad por Estados Unidos, dentro de los cuales figuran cinco prisioneros acusados de organizar los ataques terroristas del 11 de setiembre. Agencias DPA, Télam y Reuters
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