31 de enero 2011 - 00:00

Narcoavión: aumentan sospechas contra ANAC

Julio De Vido
Julio De Vido
Nuevas revelaciones en el caso del narcoavión agregaron sospechas sobre la actuación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en la falta de controles que facilitó la salida de la Argentina del vuelo de los hermanos Juliá. Fuentes oficiales revelaron que el jet Challenger despegó de Ezeiza el 1 de enero último sin pasar por las verificaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ni de la Aduana porque el organismo civil no se los notificó. El dato se suma a las declaraciones hechas por militares de la Fuerza Aérea acerca de la responsabilidad de la ANAC en el control de la base de Morón, donde se supone que el avión estuvo casi dos meses.

Las ventajas que tuvieron los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, y Matías Miret para salir del país con rumbo a Barcelona quedaron expuestas el viernes durante una reunión organizada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, con los encargados de los organismos de control aeroportuario. En ese encuentro la jefa de la cartera resolvió, como había anticipado este diario, modificar los protocolos de control sobre las aeronaves.

Pero lo que más indignó a la ministra fue constatar que los principales órganos de verificación que operan en Ezeiza habían tomado conocimiento de la salida del Challenger minutos antes del despegue. En concreto -y como dio a conocer este diario hace dos semanas- la PSA se enteró 10 minutos antes cuando recibió de la Aduana una declaración jurada, firmada por la misma tripulación del vuelo, en la que dejaban constancia de que no llevaban carga. En tanto que la Aduana se había anoticiado cinco minutos antes, dijeron anoche funcionarios.

Lo que parecía una disputa interna entre la fuerza de seguridad aeroportuaria y la dependencia de la AFIP terminó por convertirse, a partir de esta revelación, en una sospecha grave contra la ANAC, el organismo dependiente de la Secretaría de Transporte, que lidera Juan Pablo Schiavi, y que en última instancia reporta al ministro de Planificación, Julio De Vido.

La ANAC, que preside Alejandro Granados, hijo del intendente de Ezeiza del mismo nombre, quedó hasta ahora a salvo de las consecuencias directas del escándalo, a pesar de haber sido señalada en varias oportunidades. De hecho, el único desplazamiento de importancia se concretó dentro de la Fuerza Aérea, con el comodoro Jorge Ayerdi, exresponsable militar de la base aérea de Morón. A pesar de ese movimiento, Granados y el jefe civil de la aeroestación de Morón, Ricardo Palazón, seguían hasta ayer en sus puestos.

En la misma línea, los oficiales de la aeronáutica que declararon hasta ahora ante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, responsable de la investigación local, apuntaron en contra de la labor de la ANAC en Morón. Es que si bien tres de los accesos de la base aérea están a cargo de la Fuerza Aérea, el ingreso restante es responsabilidad de la ANAC, que puso a cargo del control a una empresa privada.

Esta semana el juez Catania iniciará sus vacaciones y será reemplazado por su par Rafael Caputo hasta el 18 de febrero. La expectativa central en la investigación local está centrada en la información pendiente de envío de la Justicia española, que cuenta con la computadora de a bordo del jet Challenger. De todos modos, en los últimos días trascendió que parte de la información contenida le fue adelantada a Catania: los datos más importantes pasan por una posible confirmación de que la droga se cargó en la Argentina -como ya reconoció la ministra Garré- y que los 944 kilogramos de cocaína fueron ocultados debajo del piso de la aeronave.

Dejá tu comentario