Narcoavión: castigan a militares y crean monopolio aéreo de PSA

Garré ordenó poner bajo control de esa fuerza civil todos los aeropuertos

Nilda Garré. Julio Alak. Julio Postiglioni

El Gobierno dispondrá multiplicar las funciones y los recursos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza más nueva del país, para frenar los efectos del escándalo por el hallazgo del avión en Barcelona, tripulado por tres argentinos, con 944 kilogramos de cocaína. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó modificar los protocolos de actuación de la PSA para extender en lo inmediato su rango de actuación a todas las estaciones aéreas del país. En la actualidad, la fuerza opera en 33 aeropuertos del sistema nacional, pero se calcula que hay más de un millar de lugares habilitados para el despegue y aterrizaje de aeronaves.

La medida implicará una doble señal: hacia afuera, dar muestras de que habrá refuerzos en la verificación de los vuelos luego del reconocimiento del Ejecutivo de que el jet Challenger salió cargado de droga de la Argentina. En la interna oficial significará una nueva amonestación a la Fuerza Aérea, sindicada como la responsable del descontrol que reina en la base aérea de Morón, al tiempo que una reválida de la confianza a la PSA, que desde que estalló el escándalo quedó fuera de todos los cuestionamientos.

Las facultades de operación de la fuerza están contempladas en la Ley 26.102, de Seguridad Aeroportuaria, que en 2006 formalizó su creación. La PSA había arrancado el año anterior con un decreto firmado por el entonces presidente, Néstor Kirchner, como consecuencia de otro escándalo por drogas: el hallazgo de 60 kilos de cocaína en valijas que habían salido de Ezeiza y que tenían por destino España, al igual que el cargamento del Challenger.
Fuentes oficiales dijeron que la modificación de los protocolos es inminente, y que la extensión de la labor de la PSA se concretará antes del fin del verano. Por lo pronto, a la fuerza le resta operar en 17 aeropuertos que integran el sistema nacional. Pero el proyecto oficial contempla darle funciones sobre más de mil pistas en todo el país.

La fuerza que lidera el civil Julio Postiglioni cuenta con 2.500 efectivos repartidos en 33 aeropuertos. Entre ellos, todos los internacionales y algunos de cabotaje. En Ezeiza, el aeropuerto más importante del país, por caso, prestan servicio 220 policías divididos en tres turnos. Dicho de otra forma, en cualquier momento del día hay no más de 70 policías para controlar las 3.475 hectáreas de terrenos y los 71.000 metros cuadrados totales de la aeroestación.

Las fuentes consultadas por este diario dijeron que para cubrir con mínimos estándares de seguridad Ezeiza harían falta por los menos 800 efectivos, es decir casi cuatro veces más que los actuales. La propuesta de Postiglioni a la ministra de Seguridad deberá incluir los requisitos mínimos de personal para cubrir todas las aeroestaciones, así como la demanda de equipamiento técnico.

El jefe de la PSA ocupa ese cargo desde hace catorce meses en reemplazo del primer jefe de la fuerza, Marcelo Saín, de quien era hasta entonces subinterventor. Postiglioni logró desde entonces algo que parecía imposible: la confianza de ministros como Aníbal Fernández (hasta fin del año pasado a cargo en los hechos de las fuerzas de seguridad), y Julio Alak, por un lado, y Garré por otro.

Desde que fueron detenidos los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá y Matías Miret, hijos de brigadieres, las sospechas se centraron en la falta de controles en Morón, donde comparten atribuciones poco definidas la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También hubo cuestionamientos a la Aduana, que dio por acreditado que el avión de los Juliá salía sin cargamento de la Argentina a través de una declaración jurada.