Niegan salida a Pedraza y gremio paraliza trenes

José Pedraza

El jefe del sindicato Unión Ferroviaria, José Pedraza, continuará en prisión por su presunta participación en el asesinato de Mariano Ferreyra luego de que la jueza de Instrucción Susana Wilma López le denegara la excarcelación. Incluso antes de conocer la decisión de la jueza, el gremio convocó a un paro de actividades que regirá desde la prime-

ra hora de hoy y hasta el mediodía.

La magistrada tomó en cuenta la gravedad de la imputación, por presunto «homicidio calificado y lesiones» y la pena posible para los autores del ilícito, que llega a la prisión perpetua.

La misma decisión tomó respecto del número dos del sindicato, Juan Carlos «Gallego» Fernández, que al igual que Pedraza fue sindicado como posible instigador del crimen del activista del Partido Obrero (PO) cometido el 20 de octubre pasado en Barracas tras una manifestación de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. También denegó el pedido que hizo el tercer detenido de esta semana, Claudio Alcorcel, delegado de la Unión Ferroviaria (UF).

Al rechazar las excarcelaciones, la jueza analizó los argumentos en esa línea del fiscal Fernando Fiszer, para quien el día del asesinato de Ferreyra, a manos presuntamente de un grupo de choque organizado por la UF, los tres detenidos «estaban conectados y coordinados» con los miembros de la patota agresora. En los casos de Pedraza, Fernández, Alcorcel y el también delegado Pablo Díaz, el fiscal consideró que presuntamente «instigaron y organizaron» a los autores materiales del crimen a cambio de promesas de dinero y trabajo.

Para Fiszer, sobre el jefe del sindicato «concurre, entre otros, el delito de homicidio calificado por la intervención premeditada de una pluralidad de personas». El fiscal sostuvo que, de quedar en libertad, el poderío de Pedraza le permitiría obstaculizar el curso de la investigación.

Y agregó un argumento que fue anticipado por este diario en exclusiva: afirmó que «el entorno» del líder sindical, o el propio Pedraza, «ha estado en tratativas para ofrecer y entregar dinero a magistrados que deben tomar decisiones vinculadas con el proceso, para que fallen contrariamente a lo que por derecho corresponde», y en particular «para que revoquen excar-celaciones legalmente denegadas».

Se refirió así a la apertura de una causa paralela en contra del ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, exdefensor de uno de los detenidos en la primera etapa de la investigación, por presunto tráfico de influencias, a partir de escuchas telefónicas en las que se menciona a un camarista de Casación.

Pedraza, Fernández y Alcorcel fueron detenidos el martes a la madrugada. Hasta ese momento la jueza había detenido y procesado a los siete supuestos autores materiales del asesinato: dos barras bravas sindicados como tiradores; un delegado de UF, Pablo Díaz, y cuatro empleados ferroviarios supuestamente reclutados para integrar la patota.

Para la jueza, todos formaron parte de un «emprendimiento criminal» orientado a «aleccionar» a los tercerizados del Roca para poner fin a los cortes de vías que realizaban en protesta por despidos o malas condiciones de trabajo. Y dentro de las pruebas que recogió la magistrada en allanamientos hubo documentos que vinculan las cooperativas de trabajo del ferrocarril con la conducción del sindicato.

La conducción remanente del gremio convocó para hoy a un paro de actividades hasta el mediodía en protesta por la detención de su líder. La huelga prevé afectar todos los servicios que unen la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Aunque los maquinistas agrupados en La Fraternidad no adhirieron a la medida de fuerza, de mantenerse la decisión de UF no podrá haber servicio de trenes. Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, amenazó con quitarle la personería gremial al sindicato y recordó que ayer seguía en vigencia una conciliación obligatoria dictada este martes por un plazo de 15 días.