Nisman: por nulidad peligra causa de lavado

Julio Alak

Cuando se conoció que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral investigaba a la familia Nisman a partir de la información de la actividad bancaria del fiscal en Estados Unidos, el jefe de la UIF, José Sbatella, fue uno de los primeros en reaccionar. Avisó, sin interesarse demasiado en el origen de esos datos, que el juez debía requerirlos por la vía judicial. O sea, el camino exhorto-Cancillería-Departamento de Estado-Departamento de Justicia-juzgado federal de Washington. Como sucede en otros frentes, el vértigo de los acontecimientos pudo más y el viernes el FinCen, que vendría a ser la UIF estadounidense, rechazó que Canicoba incorpore las pruebas referidas a los fondos de Nisman en el Merril Lynch de Nueva York.

Por su parte la fiscal Viviana Fein fue quien primero dijo, el pasado abril, que enviaría un exhorto a dicha entidad bancaria. Pero Canicoba ya se había lanzado sobre su propia pesquisa.

El FinCen es un organismo crucial en Washington -toda su información se utiliza para acciones de inteligencia en la persecución de lavadores- y con el cual el oficialismo tuvo en estos doce años una historia de idas y vueltas. Años atrás, cuando en pleno clima de campaña se reveló información del Fincen referida a un diputado opositor con objetivos electorales, este organismo decidió interrumpir sus relaciones con la Argentina. Para revertir ese punto muerto fue preciso un largo recorrido por parte de Sbatella y de Julio Alak, que incluyó la aprobación por parte del Congreso de leyes que le generaron ruidos internos al kirchnerismo, como la llamada ley antiterrorista que es muy dura en cuanto al lavado de activos.

El año pasado, aprovechando un cambio en la cúpula del FinCen y el guiño del GAFI, el Gobierno logró rescatar la relación. Se firmó un nuevo acuerdo con la UIF y el país se incorporó nuevamente al llamado Grupo Egmont, consorcio internacional que nuclea a todas las agencias que comparten información financiera. Ahora esa relación aparece con intercambios incómodos por el affaire Nisman porque la información del FinCen, justamente, sólo se utiliza para cuestiones de inteligencia y se requiere una autorización especial para anexarla a un expediente.

Hoy los abogados de la familia pedirán la nulidad de los datos que tiene en su poder Canicoba. El juez se verá forzado a seguir la vía judicial que será, ineludiblemente, lenta y cuya última palabra corresponderá a un magistrado estadounidense que entenderá si se puede levantar el secreto bancario. Obviamente, la UIF debería presentarse en el expediente cuanto antes.

Una burocracia compleja cuya ramificación alienta posibilidades inquietantes: que un fiscal de Estados Unidos actué de oficio y se abra en ese país otro expediente para indagar sobre los movimientos bancarios del entorno del fiscal. Inquietud latente sobre la que se habría conversado en la última incursión de Cecilia Nahón al Departamento de Estado para reclamar mayor cooperación en la búsqueda del espía Jaime Stiuso a quien el oficialismo presume en ese país. Nisman era una figura conocida entre la clase política de Washington y antes de morir había comenzado a organizar una agenda internacional para llevar sus denuncias a diversos escenarios.

El nivel de conocimiento en ocasiones es un atajo hacia otros conflictos. Razonamiento que se desprende de la información que está en poder de Canicoba, que pasó de tener la llave de un expediente vibrante para ahora terminar en un entramado que podría superarlo. Esta semana la Cámara Federal debería resolver la recusación en su contra. Y el financista Claudio Picón, el hombre más rutilante de este tramo procesal, especialmente por sus vínculos con la clandestinidad, expresó durante el fin de semana una fe notable en que el juez terminaría apartado por sus superiores.