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Novedad: cómo confundir y presionar al votante
Barack Obama se entregó a una frenética gira electoral de 40 horas por los estados considerados claves para la elección del 6 de noviembre. Está obligado a mostrarse, ya que las encuestas están lejos de asegurarle la reelección.
En Ohio y Wisconsin, carteles publicitarios ubicados en comunidades pertenecientes a grupos minoritarios y de bajos ingresos muestran reos en una cárcel y advierten de sanciones penales por fraude electoral, en un acto que según grupos de derechos electorales estaría diseñado para intimidar a algunos votantes.
Mientras, algunos empleadores presionan a sus trabajadores a votar por el candidato presidencial republicano, Mitt Romney.
Poco menos de dos semanas antes de lo que podría ser una de las más cerradas elecciones presidenciales en la historia de los Estados Unidos, los esfuerzos por intimidar o presionar a los votantes son una parte cada vez más importante del panorama político.
«Hemos visto un aumento en las tácticas para engañar e intimidar, diseñadas para evitar que los estadounidenses con derecho a voto puedan sufragar», dice Eric Marshall, miembro de una organización civil que cuenta con una línea telefónica que brinda consejos sobre intimidaciones a votantes.
Kurtis Killian, un republicano de St. Augustine, en Florida, dijo que recibió llamadas donde lo animaban a votar por teléfono, por lo que no tendría que acudir a las urnas. Killian reveló que en una de las llamadas un hombre se identificó como empleado de la División de Elecciones de Florida.
«Yo sé que no existe tal cosa como una votación telefónica», sostuvo Killian, quien asegura que, sin embargo, esto puede inducir a error a personas que no tienen facilidades para salir de sus hogares, como votantes mayores de edad o con discapacidades.
La investigación se ha centrado en una firma llamada Vote USA, pero no está claro quién está detrás de este grupo, y su número de teléfono ya no está activo.
Legisladores demócratas y activistas de Wisconsin y Ohio, el más codiciado de todos los estados indecisos en la carrera presidencial, están molestos por varias docenas de carteles publicitarios que han surgido en las últimas semanas, donde se advierte de penas severas por fraude electoral.
Los carteles se colocaron en comunidades de mayoría negra y donde abundan personas de bajos ingresos. La mayoría de los afiches tenía una gran foto de un juez que decía: «¡El fraude electoral es un delito!», penado con hasta tres años y medio de prisión y una multa de 10.000 dólares.
Otros carteles mostraban prisioneros mirando a través de las rejas. Los líderes de las comunidades aseguran que los afiches apuntan a negros, latinos y personas de menores ingresos, así como a exconvictos. Todos estos grupos tienden a votar por los demócratas.
La concejal Phyllis Cleveland, que pertenece a un distrito de Cleveland donde se han colocado varios de estos carteles, sostiene que los afiches fueron diseñados para intimidar.
Hay un esfuerzo concertado por mantener a diversos grupos lejos de las urnas, dice Camilo Villa, de 24 años, quien vive en Cleveland y votó anticipadamente por Obama. «Es muy preocupante», agregó.
En tanto, algunos empleadores han presionado a sus trabajadores para apoyar a determinados candidatos en la carrera presidencial.
Dichos empleadores parecen estar sacando partido de un fallo de la Corte Suprema de 2010, que anuló las leyes que prohibían a los empleadores expresar directamente sus opiniones políticas a sus empleados.
Varias compañías han enviado cartas instando a sus empleados a votar por Romney. Los empresarios David y Charles Koch, que han donado millones de dólares para respaldar a Romney, así como a otros republicanos, han sido criticados por enviar un «paquete de información para el votante» a 45.000 empleados de Georgia Pacific, perteneciente a Koch Industries.
El paquete incluye una lista de candidatos que la compañía apoya, con Romney en la parte superior de la lista.
El instructivo también incluye una carta del presidente de Koch Industries, David Robertson, que dice que «muchos de nuestros más de 50.000 empleados y contratistas estadounidenses pueden sufrir las consecuencias» si los votantes eligen a candidatos que aumentan las regulaciones y obstaculizan el libre comercio, en una presunta alusión a Obama.
Algunos demócratas acusaron a Georgia Pacific de tratar de obligar a los trabajadores a votar por Romney.
Lynn Rhinehart, asesor general de la AFL-CIO, el mayor grupo de sindicatos de Estados Unidos, dijo que los empleadores pueden dar a conocer a sus trabajadores las candidaturas existentes, pero no deben vincular el sufragio con el hecho de conservar sus puestos de trabajo.
El portavoz de Georgia Pacific, Greg Guest, dijo por correo electrónico que la empresa no intentaba «intimidar» a los empleados y que muchas firmas y cooperativas entregan a sus miembros una información similar.
Agencia Reuters


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