Nuevas medidas para el sector agropecuario

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Dos decretos fueron recientemente sancionados por el Poder Ejecutivo, el 33/09 y el 34/09 (BO 27-01-2009), los cuales si bien abordan problemáticas que son diferentes, tienen en común anunciar reducciones de costos. Por un lado el Decreto 33/09, que se refiere a la reducción o prórroga de impuesto, por los efectos del fenómeno climático de sequía generalizada, una de las más importantes en la historia del país y, por el otro, el Decreto 34/09, que se refiere a las modificaciones del sistema de emisión de cartas de porte, cuya nueva característica es la de ser gratuito.
Emergencia agropecuaria - Decreto 33/09
Este decreto establece a lo largo de sus preceptos legales la declaración de emergencia agropecuaria para las zonas que los gobiernos provinciales decreten en tal estado de cosas y establece como beneficio el diferimiento por un año de las siguientes obligaciones: Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto sobre las Ganancias Mínimas Presuntas, tanto para personas físicas como jurídicas.
El beneficio comprende los anticipos y saldos de declaraciones juradas, cuyos vencimientos operen entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2009, lo que de por sí indica una contradicción con lo mencionado en el artículo 2, dado que en dicha norma se establece diferir por un año, de lo que se desprende que el año comenzaría a correr desde el octavo día de la publicación (art. 2 del Código Civil para los casos en que no se establece vigencia), es decir desde el 6 de febrero del 2009 al 6 de febrero de 2010. Se observa que no comprende las obligaciones previsionales. La norma además establece los organismos que reglamentarán las disposiciones contenidas en la misma.
Consideraciones sobre la norma: el texto del decreto que se ha dictado nos lleva a hacer un breve análisis, sobre el ordenamiento que rige la Emergencia Agropecuaria, cuya principal característica es la complejidad, dado que existe la intervención de los tres niveles de Estado: nacional (se rige por la Ley 22.913, sus modificatorias y complementarias), provincial (por la normativa propia de cada provincia) y el municipal.
Esta ley ha sufrido constantes reglamentaciones, las cuales en materia nacional, además de variar, siempre llegaron cuando el fenómeno ha producido largamente sus efectos, y el fisco en muchos casos ha procedido a llevar adelante ejecuciones fiscales de deudas que tuvieron su origen por estos acontecimientos.
La Ley 22.913 en su artículo 10 inciso 2) ha establecido concesiones impositivas a los productores afectados que son las siguientes: «inciso 2 a.: Prórroga del vencimiento de los impuestos que graven el patrimonio los capitales o las ganancias, cuyos vencimientos operen durante la vigencia de emergencia o desastre. Esta prórroga extiende el plazo de vencimiento de los impuestos, ... hasta noventa (90) días hábiles siguientes a aquel en que finalice tal período». Aclara la norma, no devengan actualización (concepto derogado), y la tasa de interés no puede ser mayor a la tasa bonificada de los créditos que se otorgan para tales circunstancias.
El Congreso de la Nación mediante el inciso 2 b) delega en el Poder Ejecutivo, la facultad de eximir total o parcialmente de los impuestos a la renta y al patrimonio, y en tal caso se establece que la extensión del beneficio se lo hará por un plazo de 90 días después de finalizado el período de afectación.
El inciso 2 c) trata las cuestiones derivadas de las ventas forzadas de hacienda, y las concesiones que en materia de impuesto le otorga, las cuales sólo se reservan al Impuesto a la Renta. Por su parte, el inciso 2 d) estipula sobre el pago de aranceles del Mercado Nacional de Hacienda, para las haciendas que ingresen procedentes de zonas de desastre. El inciso 2 e) se refiere a la suspensión, como a la iniciación de las acciones judiciales por un plazo que comprende hasta 30 días hábiles después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o desastre. Finalmente el inciso 2 f) establece la facultad que se le otorga al Fisco Nacional, para dictar las normas pertinentes.
Luego de este detalle normativo, se advierte que el Decreto 33/09 tiene además de contradicciones en su propio texto, ilegalidades manifiestas, dado que la prórroga de impuesto tiene un especial tratamiento por la ley, que el decreto, por ser norma de rango inferior, no puede modificar.
La norma dictada, como la mayor parte de las normas de esta naturaleza, adolece de dos fallas sistemáticas; una que son dictadas atemporalmente, hecho que muestra la irresponsabilidad de funcionarios y gobernantes; y dos que son generalmente discordantes con el ordenamiento vigente, incurriendo en la mayoría de los casos, en ilegalidades manifiestas, como ya apuntáramos anteriormente.
La causa es que la emergencia agropecuaria es un tema relegado de los debates parlamentarios, y sólo se los trae a tratamiento cuando el desastre está instalado, ergo, se lo resuelve tarde, por vía complementaria, y mal. Lo correcto es abordar el tema y dictar una norma que solucione el problema de fondo, que básicamente se encuentra en dos cuestiones, la falta de sincronización legislativa entre los estados Nacional, Provinciales y Municipales, y una coparticipación federal desactualizada, que debería tener mecanismos de distribución de ingresos más adecuados a la actualidad de la economía argentina. Las malas prácticas coparticipables son las que llevan a los gobiernos provinciales y municipales a resistirse a declarar la emergencia agropecuaria, porque les impone restricciones de fondos.
Cartas de porte
Decreto 34/09
Esta nueva normativa que forma parte de los anuncios gubernamentales tiene por finalidad «...establecer un mecanismo que permita un real control de la emisión y distribución de dicho instrumento...», lo que permite un mejor ejercicio de las potestades públicas. A lo que se agrega «...una reformulación de las competencias de fiscalización del transporte automotor de cargas...»; y la tercera finalidad en referencia al servicio de emisión de estos instrumentos «...deberá prestarse el servicio en condiciones de gratuidad», por ser un servicio del Estado.
La normativa expresa que por este decreto se crea un sistema de emisión, seguimiento y control de carta de porte y conocimiento de embarque, el cual será regido por el ONCCA.
El uso de la carta de porte es tanto para el transporte terrestre de granos como de ganado, y el conocimiento de embarque, cuando el transporte es por agua.
Estos instrumentos se originarán a partir de un sistema informático que desarrollará y ejecutará la ONCCA, y contemplarán la totalidad de los sujetos que intervienen; mecanismo de clave para los que están autorizados a adquirir (se supone algo similar a la clave fiscal, o esta misma); se cancela con la entrega de carga a destino y un procedimiento de validación de su autenticidad; se establece que deberán existir puestos operativos de control en los lugares de destinos (el art. 6 no define en qué consisten los mismos); el artículo 7 prevé el régimen sancionatorio a aplicar; y el art. 8 fija los organismos que reglamentarán esta norma, la cual dice debería hacerse en el termino de 60 días desde la publicación.
Finalmente se designan los organismos que tendrán a cargo las políticas de control de cargas (art. 9) y la creación de un sistema de información de transporte de cargas automotor que permita «identificar acciones oligopólicas concertadas o acuerdos entre operadores y/o usuarios del transporte que tienda a interferir el libre funcionamiento del sector...».
Se derogan las resoluciones vigentes (RC 335, 317 y 1880 del 10-05-2005) de la SAGPyA, ST y AFIP, pero la misma quedará vigente por el plazo de 60 días es decir hasta que se instrumente lo que se establece en este decreto (la falta de prolijidad en el dictado de las normas torna antijurídico el texto, no puede decirse que se deroga lo que luego se mantiene en vigencia).
Las conclusiones que se extraen de la lectura de esta norma, son, en primer lugar, la inexistencia de un reconocimiento de la realidad informática del país, existe innumerables lugares, y fundamentalmente donde se producen la carga de importantes volúmenes de granos donde los sistemas informáticos son deficientes o inexistentes; en segundo lugar, no se aprecia la finalidad de la carta de porte y la modalidad de su uso, dado que es precisamente utilizado para cubrir documentalmente el transporte de mercadería que, por los lugares de cargas, se complica su informatización, basta pensar como ejemplo los bolsones en el medio de los campos, donde además no existen balanzas, ni hablar en épocas de cosecha.
Estas creaciones legislativas muestran falta de conocimiento jurídico por parte de quien las dicta; desconocimiento de la realidad económica; improvisación; soberbia; y fundamentalmente pérdida de tiempo, dado que habrán de modificarse o crearán conflictos innece-sarios.

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