Obama ordenó la detención indefinida en EE.UU. de sospechosos de terrorismo

Barack Obama habló ayer sobre seguridad nacional y antiterrorismo en el edificio del Archivo Nacional, en Washington. La necesidad de lidiar con el problema de los juicios a los presos de Guantánamo le complica el cumplimiento de sus promesas electorales.

Washington - Barack Obama reafirmó ayer su decisión de cerrar la cárcel de Guantánamo, a la que se refirió como un «desastre» heredado de la administración Bush. Sin embargo, el mandatario demócrata precisó que planea trasladar a algunos prisioneros a cárceles especiales en territorio estadounidense, en las que quedarían alojados indefinidamente en virtud de una tipificación extrajudicial similar a la actual.

El mandatario reconoció el plan del traslado de los prisioneros sin cargos concretos en su contra a cárceles estadounidenses y sin derecho de defensa, pero bajo «supervisión judicial y legislativa». «Éstas son personas que, en la práctica, siguen en guerra contra Estados Unidos», explicó Obama, quien recalcó que su país está «realmente en guerra con Al Qaeda».

«Estamos limpiando algo que sencillamente es un desastre, un experimento equivocado que dejó tras su paso una cantidad de desafíos legales», precisó Obama en un discurso pronunciado en la sede washingtoniana del Archivo Nacional. Ínmediatamente, la declaración de Obama motivó una encendida réplica tanto de organizaciones humanitarias, que denunciaron una «laguna legal», como del ex vicepresidente Dick Cheney, defensor de los cuestionados métodos extraordinarios de lucha antiterrorista (ver aparte).

Un día después de recibir un severo revés por parte de senadores republicanos y de su propio partido, que le bloquearon fondos para llevar a cabo la clausura de Guantánamo, Obama no ahorró críticas al Gobierno de George W. Bush, pero a la vez pidió enfocar hacia soluciones para «uno de los más complicados asuntos que la democracia pueda enfrentar».

El Senado, controlado por el oficialismo, se opuso el miércoles a liberar u$s 80 millones previstos para cerrar Guantánamo, con el argumento de que no estaba claro el modo en que la Casa Blanca iba a instrumentar el desmantelamiento de la prisión ubicada en el enclave cubano, en la que están alojados más de 240 presos. En los últimos meses, muchos legisladores se vieron sometidos a la presión de sus respectivos votantes, que rechazan cualquier posibilidad de que un terrorista, o sospechoso de serlo, sea trasladado cerca de su ciudad, una hipótesis explotada por los medios conservadores de EE.UU. Aunque Obama avanzó ayer sobre las líneas generales de lo que planea, no satisfizo el nivel de precisiones reclamado por legisladores de ambas bancadas, algunos de los cuales defienden a rajatabla que la cárcel de Guantánamo siga abierta.

El temor entre un sector de la población complicó la concreción de una promesa realizada por Obama durante la campaña y el 21 de enero, al día siguiente de asumir.

El presidente consideró que la controvertida cárcel dañó la imagen de EE.UU. y se convirtió en una herramienta de reclutamiento para la organización Al Qaeda.

«No vamos a soltar a nadie si hiciera peligrar nuestra seguridad nacional, ni tampoco a liberar detenidos dentro de Estados Unidos que pongan en peligro al pueblo estadounidense», enfatizó Obama. «Cuando sea pedido por la Justicia y la seguridad nacional, buscaremos transferir algunos detenidos al mismo tipo de instalaciones en las que tenemos a todo tipo de criminales violentos y peligrosos en nuestro territorio», agregó.

Obama defendió la idea de transferir detenidos de Guantánamo hacia prisiones de alta seguridad en Estados Unidos.

Por otra parte, rechazó los llamados a abrir una investigación independiente sobre los métodos antiterroristas implementados bajo el Gobierno de Bush. «Me opongo a la creación de tal comisión porque creo que nuestras instituciones democráticas son suficientes», dijo.

No tardaron en hacerse oír las críticas al cambio poco sustancial que significa recrear en territorio estadounidense las condiciones de detención de Guantánamo. «Obama está de acuerdo con la administración de Bush en lo fundamental», dijo Michael Newton, profesor de Derecho de la Universidad de Vanderbilt y ex abogado del Ejército. «Permitir la detención sin juicio crea una laguna legal peligrosa en nuestro sistema de Justicia que imita la política abusiva de la administración de Bush a la hora de combatir el terrorismo», dijo por su parte el presidente de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

Ahmed Khalfan Ghailani, un ciudadano tanzano acusado en 1998 de liderar atentados contra embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, será el primer ex detenido en ser juzgado en un tribunal civil.