Obispos no perdonan el consumo personal

La Comisión de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó ayer su preocupación ante los proyectos de ley sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal que comenzarán a ser debatidos mañana en la Cámara de Diputados. Los religiosos advirtieron que las políticas públicas «deberían orientar a desalentar el consumo», luego de que la Casa Rosada habilitara el tratamiento de una reforma a la Ley 23.737.

«Entendemos el espíritu de la mirada jurídica, pero creemos que no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este creciente flagelo de las drogas, particularmente en nuestros jóvenes y adolescentes», afirmó la comisión que preside monseñor Jorge Lozano. El nuevo Episcopado presidido por José María Arancedo se había mostrado abierto a las reformas legislativas impulsadas por el kirchnerismo a los Códigos Civil y Comercial. Tanto que avalaron la sanción de la denominada «muerte digna» aunque condenaron la ley de identidad de género.

Ayer, en un documento titulado «¿Despenalización, sí o no?», la comisión episcopal señaló que «las políticas públicas deberían orientar sin lugar a dudas a desalentar el consumo de drogas», al tiempo que destacó la importancia de «contar con una política de Estado que promueva la educación, la prevención y la salud», y consideró «urgente dar pasos hacia soluciones integrales».

Para los obispos, la despenalización «como ya ocurrió en otros países, favorecería el incremento de las facilidades y oportunidades para obtener estas sustancias y por lo tanto aumentar de esa manera el consumo, más que disminuirlo».

Según relatan, el documento está inspirado en «los testimonios y preocupaciones que recogemos a diario en los distintos ámbitos de la Iglesia en todo el país» y, sobre todo, busca «recoger y expresar la voz de los más pobres». El obispo Lozano trabajó junto a Jorge Bergoglio y es uno de los más dialoguistas del Episcopado, tanto que la Iglesia Católica lo había enviado a Gualeguaychú cuando las poblaciones limítrofes de la Argentina y Uruguay se enfrentaban por la instalación de una pastera procesadora de celulosa en la frontera. En relación con las drogas, los obispos afirmaron que «un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiesta ni se dedica a un uso recreativo: huye hacia adelante para llegar más rápido al día de su muerte». «No se debe legislar para minorías sin tener en cuenta a las mayorías postergadas. Sabemos que las drogas producen impactos diversos según el estado de salud del consumidor», sostuvo la comisión episcopal.

Y agrega que «en este momento, en el que la pobreza y la exclusión persisten en buena parte de nuestra gente, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social».

Por último, recuerda el documento que el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires publicó en marzo de 2009, en el que afirmó que «la droga está despenalizada de hecho». En el plenario de comisiones que comenzará mañana con la presencia del juez supremo Eugenio Zaffaroni y de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el rechazo al proyecto estará a cargo del bonaerense Alberto Asseff (PNC-Unir), quien advirtió: «Dejamos de ser un país que la miraba porque sólo transitaba. La droga se quedó en gran medida. Somos también país de destino. No es una problemática de los sectores acomodados. Es un drama de los pobres. El paco, además de ser especialmente nocivo, casi fulminante de la vida, es barato y accesible». El salteño Alfredo Olmedo también expresó su desacuerdo: «La legalización de la droga, incluso parcial, no conduce a una solución, sino que agrava aún más su control y erradicación».