Objetivo: bajar empleo en negro a menos del 28%

El Gobierno lanzó ayer el proyecto de blanqueo laboral y combate del trabajo en negro más importante en décadas, con la intención de ingresar al sector laboral formal a unos 650 mil trabajadores en dos años. La presentación del nuevo régimen la hizo ayer Cristina de Kirchner, al anunciar el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley de promoción de trabajo registrado y prevención del fraude laboral, que incluye además un incremento de los poderes del Ministerio de Trabajo que maneja Carlos Tomada para fiscalizar y combatir el empleo en negro.

Los mayores beneficiados del proyecto de blanqueo serán las microempresas de hasta 5 trabajadores, que hacia delante se les crea un régimen permanente por el que no pagan contribuciones patronales. Esto reduciría un mínimo del 6% el costo laboral por trabajador, un factor clave en el momento de decidir tomar un nuevo empleado en un emprendimiento de este tipo. Para las empresas de entre 6 y 80 trabajadores se crea además un sistema progresivo de fomento del blanqueo de trabajadores, junto con un régimen de fiscalización más duro que el actual. Según calificó una alta fuente oficial al proyecto, la nueva ley busca "un sistema equilibrado de palos y zanahorias. El proyecto de ley incluye unos 46 artículos y menciona quiénes quedan excluidos del beneficio. Las principales características del proyecto son las siguientes.

• La intención oficial es que durante el primer año se regularicen unos 300 mil trabajadores y en 2 ejercicios un total de 650.000 asalariados hoy no registrados. Si esto se cumpliera, la tasa de empleo no registrado pasaría del 33,5% medido en el último trimestre del año pasado a menos del 28% hacia fines de 2015. Además, la tasa de desempleo (hoy rondando el 6,5%) debería bajar al menos un punto más del total, sólo por los beneficios de tomar nuevos trabajadores de parte de las pymes.

• Beneficiaría a unos 290 mil microempleadores con el objetivo de facilitar la registración de sus trabajadores, número que representa al 50% del total de los empleadores formales. Las medidas tendrían un costo primario de 4.150 millones de pesos en beneficios a los empleadores, el 65% de esos beneficios con destino a microempresas. La estrategia oficial apunta a que ese dinero de costo fiscal luego se vuelque al consumo interno vía mayor ingreso de los empleados de los microempendimientos y las pymes a las que se les otorgará el beneficio.

• Las empresas de hasta 5 trabajadores que no sean sociedades anónimas y con cierto nivel de facturación anual tendrán una reducción en contribuciones patronales en un 50% y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART. Si la empresa reduce personal, quedará fuera del beneficio por 12 meses.

• El régimen anterior no rige para las el personal de casas particulares.

• Las empresas que contraten nuevos trabajadores tendrán una reducción en las contribuciones patronales total durante el primer año, del 25% en el segundo (hasta 15 empleados) y del 50% (para las empresas que tengan entre 16 y 80 operarios). Para las compañías de más de 80 empleados, el beneficio será de una reducción del 75% para los primeros 24 meses de relación laboral.

• Los beneficios no podrán afectar los aportes a la seguridad social.

• Se creará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado. Se incluyen también las sanciones laborales que aplique la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y hasta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se incluirán en el registro y se les aplicarán restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos. Además, cualquier persona podrá ingresar en los archivos informáticos del REPSAL para saber el comportamiento laboral de una empresa. La información sobre las violaciones al derecho laboral permanecerán en la página de internet del REPSAL por tres años, en el caso de que no regularice la situación. Si lo hace permanecerá 60 días o más.