Obras sociales: dio marcha atrás Gobierno

Antonio Caló

El Gobierno dio marcha atrás con su amague de intervención sobre las obras sociales y prometió incrementar los desembolsos para las organizaciones de salud de los gremios. La decisión se concretó tras un encuentro que la cúpula de la CGT oficialista mantuvo con la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, luego de una crisis que comenzó la semana pasada por una resolución oficial.

Korenfeld se comprometió ayer a suavizar los efectos de la resolución 601/2014 de la Superintendencia (SSS) que había despertado todos los temores de los gremialistas y de cuyos efectos dio cuenta este diario el jueves pasado. Aquella normativa imponía que las obras sociales debieran ser autorizadas por la SSS para efectuar cualquier contratación con prestadores, lo que fue considerado como "coadministración", en el caso más leve, o directamente "intervención" estatal en órganos regidos por el derecho privado, según los propios sindicalistas.

La preocupación se notó en el nivel del encuentro de ayer. La superintendente debió recibir de urgencia al jefe de la CGT afín al Gobierno, Antonio Caló, junto a José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), principal especialista en el sistema solidario de salud de esa organización, Andrés Rodríguez (estatales de UPCN) y Omar Viviani (taxistas).

Lingeri le dijo a este diario que el texto original de la resolución 601 será reformulado de modo tal que "desde ahora sólo se vaya a informatizar la firma de contratos de las obras sociales" pero que en modo alguno implicará "una autorización por parte de la Superintendencia". Es decir, como sucedía hasta ahora las organizaciones de salud deberán dar cuenta de sus contratos para incorporarlos a una base de datos, pero no aguardar la venia oficial para concretarlos, como pautaba la normativa.

Fue tal la conmoción que causó la resolución al ser publicada que la CGT de Hugo Moyano y la versión "Azul y Blanca" de Luis Barrionuevo también se habían puesto en guardia y advirtieron que ya estaban en elaboración las impugnaciones a sus alcances.

No es la primera vez que el Gobierno vuelve sobre sus pasos en una resolución de la Superintendencia. Incluso en la CGT sospechan que se trata de una maniobra habitual: en medio de una negociación para reclamar más fondos para las obras sociales surge una normativa nueva que perjudica los intereses de los sindicalistas y que los obliga a abandonar su propósito original para detener los efectos del esquema surgido como consecuencia.

Antes de este debate la CGT de Caló reclamaba duplicar un subsidio (SUMA) que en la actualidad reparte más de $ 2.000 millones al año, de modo tal de compensar los efectos de la devaluación sobre los precios de los medicamentos y tratamientos médicos.

En la reunión de ayer, Caló y sus acompañantes buscaron recuperar el tiempo perdido. Dijeron haber obtenido de Korenfeld un compromiso para un inmediato ajuste de los valores que la SSS les reconoce a las obras sociales por prestaciones que debe reembolsar. En teoría ese aumento debería quedar plasmado en los próximos días en una nueva resolución oficial.