Obvio: Schoklender ataca ahora al juez

Sergio Schoklender oficializó su pelea con el juez federal Norberto Oyarbide. A través de su exesposa, Viviana Sala, denunció al magistrado por presunto «prevaricato» y «denegación y retardo de justicia» en la causa en que se lo investiga por presunta defraudación en la administración de fondos públicos que manejaba a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La acusación, que alcanzó a Carlos Leiva, secretario del juez, recayó por sorteo en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, precisamente otro de los magistrados que instruyen una causa relacionada con las obras de las Madres. Hasta ahora, Schoklender había mantenido un combate dialéctico con el juez, que dirimía a través de los medios de comunicación. El mes pasado, incluso, había amenazado con acampar frente al juzgado, siempre con el mismo reclamo como bandera: que Oyarbide lo convocara a declaración indagatoria para resolver lo antes posible su situación procesal. En lugar de atender las demandas, el juez mantuvo en todo momento el secreto de sumario en el expediente y, de hecho, ayer lo reimplantó una vez más por entender que había detectado nuevos imputados.

El exapoderado de Madres le había anticipado a este diario que denunciaría a Oyarbide, y que incluso impulsará su juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Lo novedoso es que ayer cumplió con esa promesa, pero con la firma de Sala, madre del hijo de ambos. La denuncia la llevó en persona Schoklender, quien aprovechó para reunirse con el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, para reclamarle lo mismo que no obtuvo hasta ahora de Oyarbide, ser indagado.

Respecto del presunto delito de prevaricato, la exesposa le imputó al juez haber violado su derecho de defensa en juicio al haber mantenido «un incomprensible y arbitrario secreto de sumario interminable» y haber aplicado embargos e inhibiciones que, dijo, afectaron su potestad de «ejercer la profesión y ganar el sustento necesario» para mantener al hijo de la pareja. Viviana Sala es jefa del servicio de Psicopatología y Salud Mental del Hospital de Oncología Marie Curie, además de atender en su consultorio particular y de percibir honorarios como docente y médica legista.

En el escrito, Sala enumeró una serie de «arbitrarias medidas cautelares» ordenadas por el juez, entre las que mencionó una inhibición general de bienes y el bloqueo de todas sus tarjetas de crédito y cajas de ahorro. En su defensa, alegó que se vio involucrada en la causa porque los investigadores ignoraron que se encontraba «separada de hecho» de Schoklender desde hacía «más de cinco años» y «divorciada legalmente desde hace más de tres años».

Dijo entender que las medidas constituían «una forma de extorsión» a Schoklender, pero que en definitiva afectaban la posibilidad de mantener al hijo de ambos. Y sumó la figura de «denegación y retardo de justicia» por entender que el juez eludió responder las presentaciones de los abogados de la pareja.