Oficialismo, a un voto de remover a juez

Luis Cabral y Gabriela Vázquez

 El oficialismo buscará hoy en el Consejo de la Magistratura remover al juez federal subrogante Santiago Martínez, a cargo de un juzgado en Bahía Blanca en el cual tramitan cuestiones sensibles. El bloque opositor se opone a la remoción de Martínez y pedirá que éste sea sometido a los procedimientos disciplinarios del Consejo y no a la mera determinación del plenario. En ese ámbito, el oficialismo precisa siete voluntades. La definición genera nuevas divisiones entre los jueces y es un antecedente rutilante de cara a la reforma implementación de la ley de subrogancias que establece que la cobertura de vacantes las fija la Magistratura en lugar de las Cámaras.

Anoche en la Magistratura tuvieron lugar encuentros en ambos bloques. Desde el opositor, y concretamente la Asociación de Magistrados, se le reclamaba a la titular del cuerpo colegiado, la jueza Gabriela Vázquez, que respalde a Martínez tal como ya lo han hecho los consejeros Leonidas Moldes y Luis Cabral. En general, Vázquez vota en sintonía con el oficialismo, pero en los temas referidos a magistrados su táctica es más conservadora. Si no fuera así, el escarmiento contra el juez Claudio Bonadío habría continuado en el Consejo, más allá de la sanción disciplinaria que recibió.

Para el oficialismo, Martínez se ha convertido en un juez de importancia, especialmente por sus avances recientes en una causa por supuestas facturas truchas que protagoniza el empresario Lázaro Báez (que ya fue indagado en la Justicia federal porteña). Al mismo tiempo, también es cuestionado por el trato que le da al expediente que involucra al empresario Vicente Massot, trámite que no avanza como querrían los sectores más ultras del Gobierno. Justamente, el bloque oficialista acusará a Martínez por su accionar en distintos casos, pero no por un tema referido a su conducta. Ésta es la principal réplica opositora para respaldar al subrogante.

El antecedente más reciente de intervención sobre un subrogante fue semanas atrás, en el caso del juez José Charlín, con despacho en Santa Rosa. A diferencia de Martínez, Charlín ya llegó al Consejo procesado y con duras acusaciones, la más memorable trataba sobre la supuesta tendencia del entonces magistrado que apuntaba con armas de fuego a los empleados que se movían con cierto letargo. La excusa del juez es que era una forma de apresurar el despacho diario.

El otro cuestionamiento que señalaban anoche en una reunión de los consejeros opositores apuntaba a que Martínez sería reemplazado por Alejo Ramos Padilla, que integra la corriente Justicia Legítima.

Vázquez no ha dado señales sobre cómo resolverá, pero desde el mes de diciembre se ha reunido con diversos actores de la Justicia de Bahía Blanca. En esos encuentros pudo comprobar la realidad de que esa jurisdicción está a punto de implosionar.

Martínez, que es secretario, denunció a dos fiscales con duras acusaciones sobre supuestas irregularidades en sus despachos, el gremio de empleados de Julio Piumato acusó a un inte-

grante de la Cámara y el secretario Alvaro Colassi, que apuntó contra el empresario Massot cuando le tocó subrogar, terminó cesanteado, procesado por supuesta violación de secreto y con su domicilio allanado . En principio nada garantiza que la salida de Martínez y la llegada de Ramos Padilla contribuya a descomprimir la situación.

Desde hace una semana el caso de Martínez motiva una saga interminable de comunicados entre todas las tribus de jueces. Se vuelve a tensionar la relación entre la lista bordó de perfil opositor y el espacio Compromiso Judicial que en la Magistratura ha generado instancias de entendimiento con el kirchnerismo. para activar diversos concursos.

El oficialismo también se ha moderado en ciertas cuestiones, como por ejemplo el pedido del viceministro Julián Alvarez a la secretaria general de la Magistratura, Susana Berterreiz para que esta continue en el cargo hasta diciembre a pesar de ya contar con su jubilación. La presidente Vázquez querría nombrar un reemplazo de mayor cecranía pero Alvarez privilegía el buen trato en relaciones más estratégicas. Una de ellas con el ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda.