El radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo estrenaron ayer su acercamiento, tras la reunión entre Elisa Carrió, Gerardo Morales y Rubén Giustiniani, con un comunicado crítico sobre las medidas que anunció Cristina de Kirchner para paliar los efectos de la crisis financiera sobre las empresas.
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«Las medidas anunciadas esta tarde por la presidente de la Nación reflejan la incapacidad del gobierno para entender la dinámica recesiva que afecta a las familias y a la estructura productiva del país. No constituyen un programa para enfrentar la crisis, sino simplemente un conjunto de acciones parciales cuyo impacto difícilmente sea significativo», dice el inicio de ese comunicado que anticipa los puntos en conflicto que habrá en los recintos de Diputados y el Senado cuando se debatan los proyectos la semana próxima.
«La relativa modestia de los anuncios refleja su insuficiencia para estimular la demanda interna y proteger el empleo. Y, a la vez, profundiza la falta de reglas claras sin las cuales es imposible el retorno del crédito y el desarrollo de los proyectos que dice perseguir. Se insiste con medidas fiscalistas selectivas y en mantener el superávit fiscal a cualquier costo. Con el blanqueo de capitales propuesto, insólitamente se privilegia el financiamiento al gobierno por encima de los proyectos productivos. Además, puede ser la mejor excusa para el blanqueo de la ilegalidad y criminalidad», dijeron los opositores.
En ese punto, Carrió metió su propia lapicera. Ella presidió la comisión investigadora sobre lavado de dinero durante la presidencia de Fernando de la Rúa, cuerpo que también integró como diputada Cristina de Kirchner.
Tampoco apoyaron la reducción de impuestos a empresas: «La rebaja de los aportes patronales para nuevos empleos es una medida mezquina que, combinada con la expectativa de doble indemnización, hasta podría profundizar la ola de despidos actual», dijeron Carrió, Morales y Giustiniani.
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