Oposición tocó la puerta de Lijo por caso Ciccone

Ariel Lijo

El día después de la aprobación de la ley de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) siguió generando cruces entre el kirchnerismo y la oposición. En algunos casos fueron reveladores, por ejemplo, de la dirección que toma la investigación en los tribunales.

Los radicales Hugo Maldonado y Juan Pedro Tunessi, secretario general del bloque, corrieron ayer a la mañana al Juzgado Federal Nº 4, que tiene a su cargo la causa Ciccone, para «aportar gran cantidad de antecedentes parlamentarios y pedir el aseguramiento de la prueba frente a la expropiación de la empresa», según dijeron.

Curiosamente, ambos fueron recibidos por el juez Ariel Lijo, quien les dio una garantía igualmente inusual, tratándose de la relación de un magistrado con legisladores: le informó que ya había tomado los recaudos pertinentes para la custodia y preservación de la prueba, alegando el cambio de manos en la empresa, todo siempre de acuerdo con lo relatado por los diputados.

«Afirmó que la causa continuará su tramitación con prescindencia de las medidas que tome el Gobierno. Lo vimos muy compenetrado con el proceso y transmite ecuanimidad e independencia investigativa», relató ayer Maldonado.

Festejo

En la vereda de enfrente, Agustín Rossi continuó festejando la votación: «Hay pocos países del mundo que tienen la doble condición de tener una Casa de la Moneda y, por otra parte, una imprenta privada con capacidad de producir papel moneda», dijo ayer.

Otro argumento que siguió rodando en la oposición fue la ausencia de precisiones sobre los accionistas que controlan de The Old Fund. Sobre ese tema también salió a aclarar Rossi el día después: «Un porcentaje es de la familia Ciccone y otro del fondo de inversiones The Old Fund, que tiene como director a Alejandro Vandenbroele. Esos son los dueños», resumió.

También el jefe de Gabinete, Abal Medina, salió a festejar la votación: «Ampliamente han apoyado la decisión de seguir ampliando las capacidades administrativas y técnicas del Estado, que es lo que siempre mantuvimos», dijo.

El radicalismo también alega que la transferencia que se hará al Estado no tiene siquiera el valor de una empresa que pueda operar normalmente: «Las condiciones de la planta son lapidarias. Más que una fábrica de billetes es una imprenta y para transformarla hay que hacer una inversión muy grande en dólares, faltan máquinas, no tienen numeradoras. Lo que se está expropiando es obsoleto. Este documento se ocultó. La discusión pasó por otras cuestiones, como la causa judicial. Se dice que el país va a recuperar la soberanía monetaria y la Casa de la Moneda dice que es una fábrica obsoleta que no sirve para producir billetes», insistía ayer Manuel Garrido.