Juez Rodríguez decidió llamarlo a declarar el 28 de noviembre cuando ya se hayan presentado todos los acusados. Volvió a rechazar prisión preventiva. Inhibición y salida del país prohibida.
Luis Rodríguez y Julio de Vido
Pese a la presión de la Sala II de la Cámara Federal y al aprieto en el que lo puso su decisión de la semana pasada, el juez federal Luis Rodríguez adoptó una decisión intermedia en una causa que involucra al exministro de Planificación, Julio De Vido. Así dispuso su indagatoria en un expediente que se desprende de irregularidades en obras por la Usina de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Es el mismo caso que desató un torbellino político en contra de De Vido ya que el fiscal Carlos Stornelli había pedido su desafuero, detención e indagatoria en la causa. El magistrado no había hecho lugar a ninguna de las medidas, y dijo que el dictamen de la fiscalía no tenía los elementos como para ni siquiera formular los llamados a indagatoria. Pero la Cámara Federal, en una dura resolución en la que tuvo que intervenir otro camarista de otra sala porque no hubo acuerdo, consideró que Rodríguez debía revisar su negativa. Y postuló nuevos parámetros para considerar una eventual prisión preventiva de exfuncionarios, en atención al monto de la posible corrupción y a la magnitud de las causas investigadas.
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Además de citar a declarar al exministro de Planificación Federal y actual diputado, el juez le prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el presunto desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El juez convocó a De Vido para el 28 de noviembre, para cerrar la ronda de indagatorias que comenzará el 3 de octubre, según consta en el cronograma que incluyó en su fallo de 30 páginas.
El mismo día que De Vido declarará el exsecretario de Minería Jorge Mayoral, mientras que cinco días antes lo hará el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
En el expediente se investiga la presunta malversación de $26.000 millones que el por entonces Ministerio de Planificación destinó a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de $265 millones. Todo esto se habría realizado mediante convenios. De acuerdo con la investigación, los fondos estaban relacionados con los planes de modernización de la mina de Río Turbio y con la construcción de la Usina Térmica, ambos investigados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
La propia Sigen fue la que denunció que el presupuesto previsto tuvo hasta once modificaciones de costo, lo que generó un incremento de su valor en un 98% y que también se agregó la puesta en valor de un tren por $344 millones .
"Existen otras medidas menos gravosas que el encierro preventivo (...) que salvaguardan de igual forma los fines procesales", respondió Rodríguez el "reto" de la Cámara. A su vez, afirmó que se "adoptarán las medidas necesarias" para el correcto desarrollo de la causa en una elíptica respuesta a los resquemores planteados por su superior cuando revocó además la exención de prisión de Baratta. "Corresponde disponer la prohibición para salir del país de los enunciados e imponerles la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes", continuó Rodríguez.
Entre los llamados a indagatoria figura el exinterventor de YCRT y actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio, Anastacio Pérez Osuna, y el exfuncionario de Planificación y actual funcionario de Santa Cruz, Jaime Álvarez, entre todos los imputados que superan la treintena y cuya ronda cerrará De Vido.
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