Otro grupo K va contra bingos

Luego de la propuesta «estatizadora» del randazzista Mario Caputo y del planteo de Fernando «Chino» Navarro del Movimiento Evita para discutir la ecuación financiera en torno al juego, otro sector K salió ayer a plantear una reforma en el sistema de los bingos.

Esta vez, la iniciativa surgió del Senado y estuvo a cargo de un dirigente que, aunque proviene del esquema político de Florencio Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, también opera cerca del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto.

Es Alejandro Dichiara, que integra el bloque del FpV, y explicitó ayer su pretensión de modificar la Ley 11.018, que regula todo «lo pertinente a los bingos» y, además, la 13.063, «que se autoriza el funcionamiento de máquinas electrónicas de juegos de azar en salas de bingo».

La seguidilla coincidió con la firma, por parte de Daniel Scioli, de un decreto para extender la licencias de 14 de los 46 bingos que operan en la provincia, medida que fue objetada por Mariotto.

Respecto de su propuesta, Dichiara sostuvo que «en la práctica el espíritu de las normas que regulan el juego se ha desvirtuado», lo cual según considera «pone en situación de desventaja a la provincia de Buenos Aires y todos sus ciudadanos».

El dato particular, en los últimos días, es que el peronismo y en especial el kirchnerismo despertaron ante un tema que durante años prácticamente no fue abordado más que por la oposición. En rigor, la Coalición Cívica ya planteó, antes, la idea de estatización.

La propuesta de Dichiara se centra en «la revisión de los porcentajes que se dividen entre las entidades de bien público y los terceros contratantes y, fundamentalmente, en la rediscusión del canon que aportan a la provincia».

Al respecto, el legislador sostuvo que «la ganancia excesiva de los terceros contratantes queda demostrada, como lo hemos visto explicitado en estos días, en la capacidad de pago que ellos mismos ponen de manifiesto cada vez que la provincia afronta problemas financieros».

En ese punto, precisó que en la actualidad «el monto que perciben no supera el 2% del 66% que tienen asignado», según la ley.

Al respecto, apuntó que existe una «desnaturalización del espíritu de la normativa vigente que se ve plasmado en las condiciones irrisorias que la misma exige a los contratos entre las entidades de bien público (entidades a las que la ley elige como titulares) y los terceros explotadores, situación que deriva en grandes beneficios para estos últimos, en desmedro de los magros beneficios que perciben las entidades de bien público y el propio Estado provincial».

En paralelo, el proyecto que elaboró prevé requerir mayores exigencias al tercero contratante al momento de renovar las licencias.