Oyarbide, enojado con Bonafini, allanó la sede de las Madres

Por segundo día consecutivo, el juez Oyarbide ordenó allanamientos, pero en este caso incluyó oficinas de Madres de Plaza de Mayo que no tenían que ver con los Schoklender.

El juez federal Norberto Oyarbide se decidió ayer a disponer doce allanamientos simultáneos en oficinas de la asociación Madres de Plaza de Mayo, en la investigación por el escándalo de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que debían ser destinados a obras a cargo de esa entidad. Los procedimientos, que incluyeron la casa del fugaz coadministrador de Madres Hugo Gallardo (duró un día en el cargo), fueron producto de la información recogida por el magistrado en un allanamiento hecho el martes en oficinas de Pablo Scho-klender que eran alquiladas por la empresa Antártica, ligada a los exapoderados de Madres.

Cinco de los procedimientos fueron en oficinas de Hipólito Yrigoyen al 1500, entre ellas, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la universidad de la entidad, la imprenta y dos oficinas que usaba Pablo Schoklender ubicadas en un primer piso, distintas de las del tercer piso allanadas el martes. Los restantes siete allanamientos fueron en otros lugares de la Capital Federal: personal de Policía Federal ingresó a las sedes de las firmas Constructora Calificada, Docamer SA y Constructora 211 (todas del mismo rubro), a dos imprentas ubicadas en Virrey Ceballos al 200, y a la casa de Gallardo.

El operativo constituyó, sobre todo, la primera avanzada de Oyarbide al corazón de la estructura que lidera Hebe de Bonafini, hasta ahora considerada en la causa como víctima de una posible defraudación por parte de Sergio y Pablo Schoklender.

Cerca de Bonafini buscaron instalar que los operativos tuvieron que ver exclusivamente con oficinas de los hermanos, así como de una docena de personas relacionadas con ellos y con 21 empresas mencionadas en la causa judicial. Pero los responsables de los allanamientos aclararon que se trató de una medida que incluyó todo tipo de oficinas de la asociación: desde la Fundación hasta la Universidad, así como la imprenta y el espacio donde funciona la Misión Sueños Compartidos, encargada de llevar a cabo los proyectos de viviendas sociales.

Parte del raid ordenado por Oyarbide se concretó en oficinas distantes dos pisos de las de Pablo Schoklender y cuyo alquiler pagaba Antártica, una empresa relacionada con su hermano Sergio y presidida por el empresario Alejandro Gotkin. Incluso el personal de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) ingresó a un garaje donde los hermanos Schoklender guardaban sus vehículos.

Los allanamientos se produjeron semanas después de conocerse el inicio de la investigación judicial y días antes de vencer el plazo que había dado el juez a Madres para llevar los papeles y luego de denuncias cruzadas: Bonafini había acusado a los hermanos Schoklender de haberse llevado documentación de la Fundación el 3 de junio pasado en un vehículo blindado. Mientras que Pablo Schoklender, en un escrito que presentó el martes y como reflejó este diario, pidió un allanamiento sobre la Asociación Madres de Plaza de Mayo al deslizar que Bonafini podría haber querido orientar la investigación para perjudicar a los exapoderados, y eventualmente ocultado documentación.

En Tribunales se comentaba ayer de un aparente malestar de Oyarbide con el resultado del allanamiento del martes. En esa línea, se deslizó que el juez halló mucho menos de lo que esperaba cuando Bonafini puso a su disposición la llave de las oficinas en las que planeaba realizar el operativo. El magistrado mantuvo ayer el secreto de sumario y terminó de enviarle al fiscal de la causa, Jorge Di Lello, la ampliación de la denuncia que habían presentado diputados de la Coalición Cívica la semana pasada.

El fiscal pidió una serie de medidas -que no fueron precisadas- y prometió entregar entre hoy y mañana la ampliación de su requerimiento de instrucción. Se trata de las sugerencias al juez para obtener nuevas medidas de prueba.

En paralelo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi comenzó a recibir ayer documentación que había pedido a tres provincias y cinco municipios, relacionada con la causa que investiga por supuestas irregularidades en la contratación de las obras. Ese expediente, iniciado por la denuncia de un abogado, tiene como imputados a Bonafini, al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al ministro de Planificación, Julio de Vido. Martínez de Giorgi recibió ayer datos que les había pedido a los gobiernos de Santiago del Estero y de Misiones, dos de las provincias en las que Sueños Compartidos realizó obras.