Parrilli dice dejar un escudo contra los ataques cibernéticos

Oscar Parrilli y Alejandra Gils Carbó

 Oscar Parrilli dejará la ex SIDE con el traspaso final de la división de escuchas judiciales a la órbita del ministerio público fiscal que dirige Alejandra Gils Carbó, la firma de acuerdos con las centrales empresarias para investigar crimen financiero y la puesta en funciones de una división especial dedicada al cibercrimen. Este último es tal vez el desafío de mayor envergadura para el Gobierno que comienza el 10 de diciembre, que, por cierto, todavía no ha resulto la conducción de la inteligencia.

La división de ciberterrorismo se puso en funciones hace cuatro meses a partir de la sanción de una nueva ley que regula el mundo de los espías. La integran quince personas (destacan matemáticos, especialistas en inteligencia artificial, criptógrafos, ingenieros y abogados) y la conduce un exejecutivo de grandes empresas que tiene experiencia en la cuestión.

La misión de este equipo según un informe que le deja Parrilli a su sucesor en el nuevo gobierno, es la de prevenir posibles ataques cibernéticos contra áreas sensibles del Estado y el empresariado involucrado en asuntos sensibles tales como informática, energía o mercados financieros.

Además de atender los pedidos de asistencia de los jueces en sus causas, funciona como un controlador de todas las estructuras del Estado con el rol de reportar falencias que podrían dar lugar a ataques desde la web.

Aspectos novedosos en el país pero que el mundo desarrolla hace años y sobre los cuáles, hasta la llegada de Parrilli al organismo, poco y nada se había realizado (los recursos estaban mayoritariamente enfocado en lucha antiterrorista y contrainteligencia).

Esta división opera en un piso de la calle 25 de Mayo que nada tiene que ver con el resto de su estructura o decorado. Ingresar a esta división da lugar a una escena propia de un film futurista. El blanco y los acrílicos transparentes dan lugar a un pantalla que de televisores leds que ocupan una pared entera y en la cual se ve un mapamundi que otorga la posibilidad de observar en tiempo real desde qué países se lanzan ciberataques y hacia donde estos se dirigen.

Los indicadores permiten observar, por ejemplo, que actualmente el principal receptor de estos embates es Estados Unidos y el principal emisor China. Desde los atentados en París perpetuados por el fanatismo islámico, cuando el grupo de hackers Anonimous le declaró la ciberguerra al Estado Islámico, Francia escaló rápidamente en el ránking de los países receptores de ataques.

La creación de esta división fue motivada luego de diversos intercambios del polémico Julian Assange con el Gobierno. Las principales premisas del experto informático que desatara el vendaval de los WikiLeaks son tres: que los países deben ser dueños o por lo menos controlar sus tendidos de fibra óptica, que deben controlar todos los servidores que almacenen información (como ocurre con la National Securitie Agency en Estados Unidos) y, finalmente, debe formar constantemente buenos ingenieros y desarrolladores para que los aparatos no queden desactualizados.

Estas cuestiones, deben ir acompañadas por un desarrollo empresario que permita fabricar chips y computadoras en la Argentina a fin de que la información de estos dispositivos no sea revisada por sus fabricantes. Actualmente China no permite que dentro de su territorio se vendan al público computadoras fabricadas en el exterior.

Los ejemplos más recientes son el ataque contra un filial del Citibank en La Florida (que bloqueo decenas de cuentas) y el ciberataque, ocurrido años atrás, contra las bases de datos de la comisión de Defensa del parlamento alemán.

El comienzo de esta área se generó por un planteo de la diputada del PRO Silvia Majdalani, que integra la comisión bicameral dedicada a temas de inteligencia con la cual Parrilli se ha reunido en cuatro ocasiones desde que asumió en su cargo.

El actual titular de la ahora denominada AFI dejará el cargo con la creación de un nuevo organigrama inspirado en otras agencias de la región y el traspaso de equipos de tecnología a la Procuración para que allí funcione la oficina de escuchas judiciales (que actualmente procesa 3.500 escuchas diarias).