Pasión inútil: pauta de aumento salarial para 2012 del 18%

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Algunos funcionarios han propuesto fijar una pauta de aumento salarial del 18% para 2012, con el objeto de converger a una menor tasa de inflación. Mi sospecha es que se trata -como diría Sartre- de una pasión inútil. Es difícil anclar una economía con una sola variable cuando las demás se escapan, y si el objetivo es anclar con salarios, entonces vamos a un congelamiento de precios más amplio que lo que hemos visto hasta ahora.

En efecto, anclar la economía con un único precio requiere que la potencia del instrumento sea muy elevada. Por ejemplo, dejando fijo el tipo de cambio, o poniendo los ajustes salariales en cero. Lo primero no ha tenido mucho éxito, y lo segundo parece fuera de discusión, por lo que se requiere que más variables entren en el proceso de «congelamiento» para compensar. A menos que el escenario cambie hacia un programa creíble en los planos fiscal y monetario (y cambiario), y eso es sólo el comienzo.

¿Qué nos dice la experiencia reciente? El cuadro adjunto muestra la «nominalidad» a la que se movió la economía en los últimos dos años (cerrados al mes de octubre en cada caso). El gasto primario creció el 35% anual en 2010 y aceleró al 39% en los últimos 12 meses; los agregados monetarios promediaron un crecimiento del 36% y los salarios y pensiones aceleraron por sobre el 32%. Para evitar saltos en la tasa de inflación se mantuvieron congeladas las tarifas, se apreció el peso y las tasas de interés permanecieron muy negativas. El «modelo» de congelamiento selectivo de precios había funcionado mientras lo toleraron los fundamentos. Cuando éstos cedieron al agotarse la capacidad ociosa en materia de capital, trabajo y energía, y al desaparecer la holgura fiscal, sobrevino el ajuste.

Los congelamientos de precios habían hecho su trabajo, y para frenar el impacto sobre las cantidades (pérdida de reservas, reducción del superávit comercial) se multiplicaron los controles, hasta que cedieron las anclas, una a una. Por un lado, las tasas de interés saltaron 900 puntos básicos en los últimos 90 días. El ancla cambiaria fue desafiada desde el segundo trimestre, lo que le costó 11 mil millones de dólares de reservas al Banco Central en un semestre (entre reservas brutas y mayor endeudamiento de corto plazo del BCRA). Y finalmente estamos en las vísperas de abandonar el ancla tarifaria.

¿Es posible en este contexto esperar un brusco descenso de la nominalidad salarial en 2012, desde poco más del 30% al 18%? No hay muchas razones para ser optimistas. En primer lugar es prácticamente imposible que el promedio salarial de 2012 crezca menos del 26%, dado que el «arrastre» estadístico de 2011 deja más del 14% para 2012. Aun con magros incrementos salariales (18% en la punta), el promedio de aumentos se ubicaría en el citado 26%. Pero si lo que se considera es sólo el aumento «entre puntas», conviene tener en cuenta otras cuestiones.

En primer lugar, la experiencia indica que los salarios de convenio han seguido estrechamente la evolución del salario mínimo en esta década. El aumento del 32% del salario mínimo otorgado en agosto es un antecedente a considerar que tendrá algún impacto expansivo en las negociaciones.

En segundo lugar, un parámetro central de la negociación colectiva en escenarios de alta inflación es la tasa de inflación pasada y la expectativa futura. Eso no puede sorprender: en alta inflación los cambios de productividad juegan un rol menor, y ese rol desaparece cuando las negociaciones colectivas son centralizadas (¿cómo se hace para ajustar salarios de 100 mil trabajadores en una rama de actividad, con empresas que enfrentan situaciones y costos bien diferentes, si no es básicamente a través de un ajuste único para todos asociado a la inflación pasada o futura?). Destruida la confianza en el INDEC, prohibida la difusión de otros índices por parte del Poder Ejecutivo, sólo queda la imaginación de los dirigentes sindicales, que se aleja significativamente del 18%.

En tercer lugar, el anuncio de fuertes aumentos tarifarios e impositivos en jurisdicciones locales, justo antes de encarar la negociación colectiva, no favorece una conducta de desindexación, a riesgo de que la mayoría de las paritarias cierren con aumentos que lleven a un franco deterioro del ingreso real de los asalariados.

En cuarto lugar, el acelerado cierre de la economía -que se inició prohibiendo exportaciones, pero ahora se desató en la forma de restricciones de todo tipo sobre las importaciones- favorece la estrategia sindical de «compartir rentas» con los industriales. Quizá debería recordar que la estrategia no es nueva, y que lleva a controles de precios internos para evitar que los aumentos salariales se coordinen con aumentos de precios de sectores protegidos. Recuerdo todavía el telegrama de agradecimiento de Lorenzo Miguel al ministro de Economía en 1987, cuando pudo destrabar el conflicto metalúrgico luego de que se autorizaran aumentos de precios internos.

Finalmente -de acuerdo con los datos que entrega el INDEC-, el mercado laboral está francamente «recalentado», con el menor desempleo en dos décadas y una tasa récord de empleo. En este contexto, es francamente difícil esperar una moderación de los reclamos salariales, a menos que alguien esté previendo una severa contracción del PBI y un importante aumento del desempleo.

En suma, hay buenas razones para asumir que la demanda salarial será por ajustes nominales bien superiores al 18%, lo que eventualmente puede llevar en muchos casos a un brusco aumento de la conflictividad durante 2012. Queda, sin embargo, por evaluar la dimensión política de la negociación salarial, con la eventual convocatoria a un «pacto social» que imponga metas nominales bien bajas en todas las variables relevantes: salarios, precios, tipo de cambio, tasas de interés. No es fácil prever los detalles de tal escenario, luego de los anuncios de fuertes aumentos tarifarios e impositivos, que indican que el acuerdo posiciona mucho mejor al fisco (Nación, provincias, municipios), a costa del resto de los actores y de los individuos (probablemente no representados en la negociación). La pregunta es: ¿cuál es la estabilidad de un acuerdo en el que los actores -a excepción del Estado- creen que son los únicos que están haciendo el sacrificio?

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