Pastor: PJ denunció al Gobierno de Mendoza

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La presidenta del PJ de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, presentó ayer una denuncia judicial en el llamado “caso Bonarrico”, en referencia al pastor y exsenador provincial que sostuvo públicamente que el Gobierno de Rodolfo Suarez le entregó a su fundación $18 millones para que se bajara de una candidatura. En paralelo, la administración mendocina también pidió que se investigue al pastor, al que denunció penalmente por “tentativa de fraude al Estado”.

La senadora nacional peronista se presentó ayer en el Polo Judicial con un escrito que radicó ante la Fiscalía de Instrucción N°7 de Delitos Económicos. En el documento, pidió a la Justicia que averigüe la posible comisión de varios delitos, como negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. La presentación gira en relación al convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y la Fundación Acción Social, por la suma de al menos $18 millones.

También se incorporaron declaraciones periodísticas de Héctor Bonarrico, en las que reconoce que la donación que iba a efectuar la provincia a favor de su fundación se hacía en supuesto cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MásFe) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones.

En esos comicios, MásFe no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el Senado. En el escrito, Fernández Sagasti apunta a que el Gobierno provincial busca desviar la investigación y culpar solo a Bonarrico con la presentación que hizo el ministro Víctor Ibáñez por supuesta “tentativa de fraude al Estado”. El funcionario de Suarez dijo además que el convenio con la fundación del pastor “es público y transparente”.

“Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibáñez ha sido coautor del mismo. Es absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”, argumentó Fernández Sagasti. En relación a la denuncia de Ibáñez, que adelantó que el Estado provincial va a demandar al pastor, la legisladora la tildó de “jugada distractiva para que los mendocinos se confundan y se distraigan del real hecho”.

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