Pedido de empresarios al Gobierno: “Cumplan con control a lavado”

Julio Alak

Los presidentes de las principales entidades empresarias del país, reunidas en el Grupo de los Seis (G-6), se entrevistarán hoy con el ministro de Justicia, Julio Alak, para llevarle la preocupación del sector en relación con las medidas adoptadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el órgano antilavado.

Al despacho del exintendente de La Plata concurrirán Adelmo Gabbi (Bolsa), Jorge Brito (ADEBA), José Ignacio de Mendiguren (Unión Industrial), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Carlos Wagner (Construcción) y Hugo Luis Biolcati (Sociedad Rural). Según fuentes empresarias, varios de ellos irán acompañados por sus asesores legales, dada la complejidad del tema a discutir con el funcionario.

La audiencia había sido pedida por Gabbi y Brito, representantes de los dos sectores que podrían verse más afectados en caso de que el GAFI decida en octubre imponer sanciones a la Argentina. Esas sanciones (por ahora, hipotéticas), en caso de concretarse, incluirían restricciones y requisitos adicionales sobre las inversiones en la Argentina y sobre el sistema financiero local.

No será la primera reunión que mantendrá el G-6 por este tema: hace un par de semanas fueron a la Embajada de Estados Unidos para pedirle a la embajadora Vilma Socorro Martínez que intercediera ante la administración de Barack Obama para que alivie la situación argentina en el GAFI. La diplomática les dijo que no se trata de un tema político, sino técnico; que está en manos de la Argentina evitar el castigo simplemente cumpliendo con las normas del GAFI sobre lavado de dinero y antiterrorismo.

Uno de los empresarios -no es difícil imaginar quién- trató de argumentar que las normas locales eran muy estrictas blandiendo su celular: «Yo ahora, seis de la tarde, puedo comprar todas las acciones que quiera en la Bolsa de Nueva York, pero acá, en mi país, no puedo comprar más de u$s 200.000 por teléfono». El argumento no pareció convencer a Martínez.

Cabe recordar que a fines de junio pasado, el GAFI declaró que la Argentina había dado «pasos» para mejorar su régimen de combate al lavado de dinero, pero agregó que mantenía «preocupaciones específicas». Por esta razón incluyó al país entre las naciones «observadas», y lo intimó a que «responda a sus deficiencias sin demora y continúe con el proceso de implementación de su plan» antilavado y antiterrorista.

Así, la Argentina quedó en la misma categoría en este rubro con -entre otros- Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Camboya, Ecuador, Ghana, Indonesia, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sudán, Tailandia, Tanzania, Turkmenistán, Ucrania, Venezuela, Vietnam, Yemen y Zimbabue.

Las demandas del GAFI incluyeron la falta en la legislación argentina de delitos de lavado claramente tipificados, así como la forma de confiscar los bienes conexos con esos delitos.

Otra de las inquietudes que llevarán los empresarios al encuentro con el expresidente de Aerolíneas Argentinas es la norma impuesta por la local UIF (Unidad de Información Financiera) que obliga a los directivos de todas las entidades civiles (incluyendo las empresariales) a entregar sus datos y los de sus familiares directos por ser considerados «personas políticamente responsables». El titular de la UIF, José Sbatella, les había prometido modificar esa norma, pero admitió en forma reservada que le hacía falta porque si quiere incluir a los gremialistas no podría dejar fuera del control a los empresarios. Como se ve, un panorama complejo que difícilmente se aclare tras la reunión de esta mañana.