Peligran centros culturales porteños

El Sexto Kultural es uno de los centros culturales que corren peligro de desaparecer ante la amenaza de desalojo con la que conviven. Hay alrededor de 15 centros en la Ciudad que están en una situación similar o en malas condiciones edilicias.

El Centro Cultural Plaza Defensa del barrio porteño de San Telmo tiene ya 10 años. Allí se dictaban talleres artísticos, ciclos culturales y espectáculos gratuitos hasta que, a principio de mes, por orden del Ministerio de Cultura porteño, a cargo de Hernán Lombardi, se mudó al lugar el Movimiento Afro Cultural Bonga. Quienes conforman este último vivían en una casa tomada, pero ante el reclamo de su dueño, debieron ser relocalizados. Por eso, las actividades que realizaba anteriormente el centro fueron suspendidas y la mayoría de los que trabajaban allí debieron irse. Lamentablemente, éste es sólo un ejemplo de los alrededor de 15 centros que reclaman mejores condiciones o que viven bajo amenaza de desalojo.

El Centro Cultural del Sur, en Barracas, es otro, al igual que Plaza Defensa, del Circuito de Espacios Culturales del Ministerio de Cultura porteño, que no puede desarrollar sus actividades con normalidad. En este caso, se debe a problemas edilicios que acarrean hace tres años y que, a pesar de los reclamos, aún no fueron solucionados.

Rubén González, coordinador del lugar, aseguró que el auditorio, donde realizaban el 90% de las actividades, está inutilizable porque hay fallas en la madera debido a que el techo tiene compuestos cancerígenos. Además, en una inspección recomendaron el uso limitado de la galería del lugar porque hay grietas por el transporte pesado que pasa por las calles aledañas. «En 2006 se votó un proyecto de puesta en valor y se generaron planos del auditorio. El proyecto quedó muy lindo pero está parado y encajonado hace tres años», afirmó González.

Hace alrededor de dos meses los integrantes del centro se reunieron con Lombardi, quien les dijo que en una primera etapa se destinarán $ 500 mil para refacciones, pero esto no alcanza, se necesitan $ 2 millones para condicionar el edificio que data de 1814. «En concreto no tenemos nada, sólo de palabra», agregó González. De todas formas, el ministro se comprometió hace dos semanas a comenzar las obras en unos 20 días.

Otros centros culturales que no dependen del Gobierno de la Ciudad conviven con órdenes de desalojo y sin saber qué les deparará cada día. Este es el caso del Centro Kultural Trivenchi, en el barrio de Constitución, que recibió una orden de desalojo en abril de este año. La expulsión iba a ocurrir a los 10 días de que el lugar fue notificado, lo cual sucedió el 20 de abril, pero fue frenado por una acción de amparo. Uno de los motivos que expresó el Gobierno de la Ciudad para el desalojo se basa en una normativa dispuesta en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, según la cual el predio pasaría a ser parte de una ampliación de Plaza España, según afirmó Solange Verón, una de las abogadas patrocinantes del amparo.

El galpón le fue otorgado a Trivenchi por el Gobierno porteño en 2003 tras un desalojo previo del barrio de Villa Crespo. Desde entonces, la cooperativa que formaron ofrece talleres y actividades culturales que emplean a mucha gente y se convirtió en un gran foco para la labor social y cultural de uno de los barrios más pobres de la Ciudad.

Una situación similar se da en el Sexto Kultural, ubicado en el sexto piso de un edificio en donde funcionan mutuales, una farmacia de remedios oncológicos y otro tipo de organizaciones sociales. Todo el edificio, que es del Estado, recibió la orden de desalojo cuando se les terminó la concesión a principio de año ya que no se las quieren renovar. El Sexto Kultural funciona allí desde hace cinco años como cooperativa y da talleres a la gorra, espectáculos y seminarios, a los que asiste mucha gente con pocos recursos.

«Recibimos una amenaza de la empresa ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que nos mandó una carta documento donde nos intimaban a dejar el edificio. Si no nos querían cobrar u$s 100 mil por mes cada tres pisos sin que le digamos nada al Estado. Por supuesto no aceptamos», afirmó Candela, quien trabaja en el lugar. Y agregó que cuando recibieron la orden de desalojo tuvieron que suspender sus actividades por un tiempo. Luego el Estado se comprometió a no desalojarlos a la fuerza y a ver cómo harían para que se queden allí. Hoy no tienen ninguna respuesta concreta, «estamos a la dulce espera», sintetizó la joven.

Pero no sólo hay amenazas de desalojo. El caso más resonante en los últimos meses fue el del Centro Cultural Almagro, que en agosto de este año fue desalojado por la Policía Federal. Otros que están en condiciones inestables son el Centro Cultural Veinte Flores, IMPA, Casa Zitarrosa, el Complejo Cultural 25 de Mayo, y la lista sigue.