El Gobierno rechazó ayer los dichos de Cristina de Kirchner en el recinto del Senado sobre una presunta persecución política en su contra y remarcó que los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio se produjeron a raíz de "denuncias concretas ligadas a la corrupción".
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Durante la sesión en la que esa Cámara autorizó las medidas de prueba del magistrado en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante el Gobierno anterior, la líder de Unidad Ciudadana había asegurado que en el país hay una "utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares".
"Hay que mirar el normal desarrollo de las instituciones, que están funcionado, la división de poderes. No hay ningún elemento que sustente una acusación que ese funcionamiento esté motivado por situaciones políticas", sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional destacó que los allanamientos son parte del "accionar de la Justicia a partir de denuncias concretas ligadas a la corrupción" y remarcó que "los pedidos judiciales hay que respetarlos".
El referente del PRO subrayó incluso que Cristina Kirchner tiene "garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa".
"Lo más importante es que haya independencia del Poder Judicial. Cuando lo denunciaron al Presidente (Mauricio Macri), al principio de su mandato, él mismo dijo `quiero que me investiguen ahora, en tiempo real, quiero ponerme a disposición de la Justicia´", comparó.
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