Peor: Schoklender, acusado de robar documentación

Hebe de Bonafini junto al constitucionalista Eduardo Barcesat, para presentar el pedido de Madres de constituirse como acusadora de Schoklender en la causa que investiga Oyarbide.

Hebe de Bonafini denunció ayer a Sergio Schoklender por un presunto «vaciamiento documental» en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Lo hizo al presentarse ante el juez federal Norberto Oyarbide para pedirle ser incorporada como querellante en la causa en la que se investiga a su exapoderado por presunta administración fraudulenta.

Bonafini, que concurrió a Tribunales junto con el abogado Eduardo Barcesat, dijo no tener miedo de «quedar imputada» en el expediente y reclamó «cárcel para siempre» para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, como también para sus presuntos cómplices. «Estoy segura de que vamos a llegar a lo que queremos, que es que los responsables vayan a la cárcel para siempre», sostuvo la dirigente.

La incorporación de la presidenta de Madres como querellante quedará a criterio de Oyarbide. En Tribunales creen que el juez puede incluso aceptar su integración por entender que la fundación que preside fue perjudicada por el accionar de Schoklender, y aún así quedar involucrada ella también en la investigación.

Fueron los casos del expresidente del Banco Central Pedro Pou y del ex titular del PAMI Víctor Alderete, ambos procesados al tiempo que las instituciones participaban como querellantes en las investigaciones.

En paralelo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva adelante la denuncia de un abogado por presuntos incumplimientos en la obra pública que contrató el Estado con Madres, le envió ayer a Oyarbide una nueva acusación en contra de Schoklender. Se trata de la realizada por el empresario Juan Ricardo Mussa, recurrente candidato en cuanta elección hubiese, que compiló artículos periodísticos y pidió una investigación sobre el exapoderado.

Denuncia

Martínez de Giorgi tiene en su despacho una denuncia del abogado Jorge Vitale en la que figuran como imputados Bonafini; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio de Vido. De momento, la causa no tuvo novedades a la espera de la información que el magistrado les pidió a las autoridades de las tres provincias (Misiones, Chaco y Santiago del Estero) y de los cinco municipios (Tigre, Ezeiza, Almirante Brown, Rosario y Bariloche) en los que la Misión Sueños Compartidos realizó obras, así como de los organismos de control (AGN, Sigen e IGJ, entre otros).

Por su parte, Oyarbide avanza con el expediente cubierto por el secreto de sumario que dictó la semana pasada. Entre este viernes y el lunes próximo Madres de Plaza de Mayo debería enviarle documentación, aunque la acusación presentada ayer por Bonafini en contra de Schoklender pareció un anticipo de la respuesta que se le dará al juez.

En concreto, la dirigente acusó a Schoklender de haber retirado documentos el viernes 3 de junio mediante «un vehículo blindado, de propiedad de la Fundación, que fue adquirido cuando aún no se había bancarizado a todos aquellos que se desempeñan en las tareas de construcción de viviendas».

«Desde que se pudo tomar posesión física de la sede de la Fundación, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1520/22 de esta ciudad, se han precintado todas sus instalaciones y extraído back-up de las memorias de las computadoras que no pudieron llevarse. Se ha encomendado una tarea de auditoría y dado asueto al personal de la Fundación, el que se prolongará hasta que finalice esa auditoría, estableciendo así una fecha de corte con la previa administración comandada por los hermanos Schoklender», señala el escrito presentado a Oyarbide.

Víctimas

De momento, tanto Oyarbide como el fiscal Jorge Di Lello consideran a Madres como víctimas de los movimientos de los Scho-klender. Sin embargo, la falta de presentación de la documentación requerida puede derivar en un pedido del fiscal para que sea allanada la sede de la Fundación.

Entre otras acusaciones, el texto de Bonafini señala que tres de las camionetas de Madres «se encuentran inscriptas en el Registro de la Propiedad Automotor a nombre de Meldorek», la firma de la que Schoklender es propietario en un 90 por ciento. También menciona que, de acuerdo con sus propias averiguaciones, los cheques que entregaban las autoridades del Plan Federal de Viviendas contra las certificaciones de obra no eran depositados en su totalidad en las cuentas de Madres «sino que buena parte de los mismos eran descontados en cuevas financieras, operatoria siempre llevada a cabo por los exapoderados, los hermanos Schoklender».

La presentación de Bonafini destaca que ante las deudas que registra la Fundación y «los cuantiosos bienes, personales o de las empresas que controlan los querellados», se puede obtener «una dimensión del apoderamiento -de la rapiña- que ha padecido» Madres.

En el arranque del escrito se apunta: «Resulta doloroso admitir que aquellos a quienes, marginados en prisión, buscaron el cobijo de las Madres, que recibieron ayuda, alimento, empleo e inclusión social, resultaran ser los arquitectos profanos del más doloroso dispositivo de traición a las Madres, abusando de su confianza, del afecto brindado y del cariño que recibieron como hijos, porque así se los acogió».