Permiten que la Capital investigue a sus corruptos

Cristina de Kirchner

Cristina de Kirchner promulgó ayer la norma que transfiere a la Ciudad de Buenos Aires competencias para investigar y juzgar delitos que están en la órbita de los tribunales nacionales, como parte del proceso de traspaso de esas atribuciones. La ley destaca un anexo exclusivo para los casos relacionados con funcionarios públicos, entre ellos presunta malversación de fondos o enriquecimiento ilícito, que, una vez que se complete el trámite, serán juzgados por el fuero Contravencional Penal porteño, donde la fiscalía cumple un papel clave debido al sistema acusatorio que rige en la Capital Federal. Ese mecanismo le otorga al Ministerio Público el rol de llevar toda la investigación, dejando para los jueces sólo algunas intervenciones y, por su puesto, el fallo.

Un ejemplo, cuando se concrete el pase, es la causa por la licitación del llamado mobiliario urbano en la que se investigaron presuntas irregularidades de funcionarios y hasta del propio Mauricio Macri. Si ocurriera algún caso similar, con el traspaso sería investigado en la propia Ciudad, donde el jefe de los fiscales, Germán Garavano, ocupa ese cargo a propuesta del macrismo, lo que no significa que sea el signo del Ministerio Público, solamente el funcionario judicial podría intervenir en algún tipo de dictamen. Como sea, no es inmediato que la Ciudad se ocupe de nuevos delitos, ya que primero la Legislatura debe adherir a la ley nacional y la Ciudad acordar con la Nación el traspaso también de los fondos correspondientes. Como el distrito viene reclamando tener Justicia propia en todos los fueros, se considera que no habrá más demora que la imprescindible.

De esa manera, la ley promulgada ayer transfiere la investigación y los juzgamientos que detalla en dos anexos y aclara que una norma de la Ciudad debe aceptar «sin limitaciones ni reservas, las disposiciones de la presente ley».

En el primer anexo se transfieren ampliaciones de delitos que ya juzga la Capital: lesiones; duelo; abuso de armas; violación de domicilio; incendio y otros estragos; tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional (excepto los propios del fuero federal); impedimento u obstrucción de contacto; penalización de actos discriminatorios; delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos.

El segundo anexo integra los delitos contra la administración pública «ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales». Entre ellos figuran desde abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, hasta usurpación de títulos y honores, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados o prevaricato.

La Ciudad también tendrá a su cargo los «delitos contra la fe pública siempre que se trate de instrumentos emitidos, o cuya competencia para emitirlos sea de la Ciudad». Se refiere a falsificación de sellos, timbres, marcas o documentos.

Finalmente, también se trasladarán los otros delitos vinculados a la competencia pública local, como los de funcionarios contra la libertad individual o por ejemplo defraudación contra la administración pública.