Perú: amplían la prisión preventiva de Castillo a 36 meses

Lima - Un juez peruano impuso este jueves 36 meses de prisión preventiva por presunta corrupción al expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado, informó el Poder Judicial.

El exmandatario de 53 años, quien ya cumple una sanción de 18 meses de reclusión, deberá permanecer tras las rejas hasta diciembre de 2025 acusado de ambos delitos por los cuales la fiscalía lo investiga.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señaló la justicia peruana en Twitter.

El fallo contra Castillo lo dictó el juez Juan Carlos Checkley durante una audiencia virtual, transmitida por el canal de televisión del sistema judicial peruano. “Vamos a hacer lo que la ley me faculta, apelaremos”, dijo Castillo quien participó desde la cárcel.

La medida de 36 meses recayó igualmente sobre el exministro de Transportes Juan Silva, quien se halla prófugo de la justicia, mientras que un exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá el proceso en libertad.

El arresto de Castillo desató hace tres meses una ola de protestas en todo el país que se mantiene. En ese sentido, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, negó ayer que haya habido “represión policial” de lar marchas que ya dejaron más de 60 muertos, y afirmó que “no hubo orden” para que policías y militares usaran armas de fuego en las manifestaciones.

“No hubo represión policial”, dijo el funcionario ante el pleno del Congreso unicameral, que lo interpelaba esta noche con un pliego de 101 preguntas acerca del accionar de las fuerzas del Estado en las protestas.

Romero subrayó que “no hubo orden de hacer uso de las armas de fuego”, según la agencia de noticias Andina y el diario limeño La República. Asimismo, rehusó divulgar los nombres de los uniformados que utilizaron armas de fuego en las protestas, “debido a que el Ministerio Público está a cargo de las investigaciones”.