Indígenas peruanos siguieron bloqueando ayer rutas en el nordeste del país en protesta contra una ley que fomenta la explotación del Amazonas. El Gobierno de Alan García finalmente cedió y dio marcha atrás con la iniciativa.
Lima - Perú llamó ayer a consultas a su embajador en Bolivia, Fernando Rojas, como gesto de protesta hacia el presidente Evo Morales, quien había calificado de «genocidio» la represión a una protesta de indígenas.
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Las relaciones entre ambos países atraviesan su momento más bajo en meses, deteriorio impulsado por el asilo político que el Gobierno de Alan García les otorgó a ex ministros bolivianos procesados por crímenes de lesa humanidad. «Lo que pasó en Perú, yo estoy convencido, es el genocidio del TLC, la privatización, la entrega de las selvas amazónicas de Sudamérica a las trasnacionales», aseveró Morales sobre los enfrentamientos que se cobraron la vida de 35 personas.
En declaraciones a los medios, Fernando Rojas confirmó que la llamada a consultas es un gesto de rechazo a «apreciaciones absolutamente falsas» porque en Perú «no ha habido ningún genocidio». El diplomático reprochó también que «diversos sectores bolivianos» practicaron una «injerencia reiterada» en asuntos internos de Perú.
Desde Lima, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, consideró que Evo Morales tiene una «obsesión» con Perú y busca convertirse en «líder alternativo al presidente Alan García a partir de los movimientos indígenas». El ministro señaló además que el propio mandatario peruano «no entiende por qué Morales trata de dañar la relación con Perú, no concibe ese permanente ejercicio de hostilidad» y más tratándose de países que tienen tanto en común.
Los comentarios de Morales surgieron luego de que García afirmó que Bolivia había estado detrás de las violentas manifestaciones en Bagua Grande. Desde hace dos meses, los nativos peruanos protestan con cortes de rutas en demanda de la derogatoria de leyes que, según sostienen, atentan contra la naturaleza y sus propiedades.
En ese sentido, y en medio de una fuerte polémica, el Gobierno peruano cedió y afirmó que buscará anular las dos leyes que desencadenaron la peor crisis política en años. El primer ministro, Yehude Simon, se reunió con algunos líderes indígenas y afirmó que estaría dispuesto a renunciar luego de solucionar el conflicto. «Mañana mismo (por hoy) presentaremos el proyecto de ley pidiendo al Congreso que se derogue el Decreto 1.090, así como el 1.064» que los nativos afirman afectan sus territorios.
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