2 de junio 2014 - 00:00

Pese a conciliación, temen hoy choque sindical en autopartista

Efectivos policiales custodian el perímetro del predio de Escobar donde se encuentra la empresa.
Efectivos policiales custodian el perímetro del predio de Escobar donde se encuentra la empresa.
La ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, responsabilizó al Gobierno de Daniel Scioli por la virtual parálisis en cinco plantas automotrices, al denunciar que debió haber resuelto "hace 55 días" un conflicto laboral en la empresa autopartista Gestamp, proveedora de esas fábricas y que resultaron golpeadas por el desabastecimiento ante la perpetuación de la protesta.

Giorgi enfatizó que Scioli debió haber adoptado una medida con mayor premura, para no tener "cinco terminales paradas, poniendo en una situación no merecida a 80.000 familias de la cadena automotriz".

Según la funcionaria, la conciliación obligatoria dictada el sábado por la cartera de Trabajo bonaerense que conduce Oscar Cuartango -y por la cual se levantó ese día la protesta, que mantenía bloqueado un sector de la planta- es una "solución facilista y oportunista, que no tiene en cuenta lo que puede ocurrir el día después" en la planta de Escobar.

Por eso, de la mano de esa conciliación -que por 15 días hábiles frena las medidas de fuerza-, hoy la expectativa estará puesta en el retorno a sus tareas de los operarios en conflicto, donde se encontrarán con el resto de los trabajadores, en medio de fuertes medidas de seguridad, y con una manifestación de agrupaciones de izquierda convocada para las 5.45. En esa línea, Giorgi recalcó que la situación en la empresa es "inestable" porque -dijo- "el dictado de la conciliación, que implica un período de diálogo y la reincorporación de estos trabajadores, claramente pone en un estado de indefensión al resto de los operarios, que fueron violentados, amenazados".

El anuncio de la conciliación se conoció después de que Cristina de Kirchner reclamara -desde Río Gallegos- a "los compañeros trabajadores" y al Gobierno de Scioli "que se hagan cargo" y resuelvan el conflicto, frente a una "fábrica tomada por 9 trabajadores que impiden el trabajo de miles de argentinos". El viernes, el tema fue analizado en un encuentro del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con Scioli y SMATA.

El clima de tensión en la empresa arrancó en abril con el despido de 67 operarios, pero se agravó días atrás, cuando nueve empleados ingresaron de noche a la fábrica y tomaron la grúa puente. La movida -que incluyó ataques a otros operarios con objetos contundentes- obligó al resto de sus compañeros -cerca de 500- a retirarse por su seguridad, por lo cual se frenó la producción.

Frente a este escenario, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) -que conduce Ricardo Pignanelli- también cuestionó la conciliación, se declaró en "estado de alerta y movilización" y convocó a un plenario para hoy, para definir los pasos a seguir.

En las últimas horas, Pignanelli advirtió que "la empresa y el Gobierno provincial tienen que garantizar la seguridad de los trabajadores", denunció que los nueve operarios están fogoneados por el Partido Obrero y amenazó con "poner 15 mil mecánicos en la Panamericana el jueves o viernes para resolverlo por nuestros propios medios".

En cambio, la conciliación fue celebrada por los díscolos, enfrentados con SMATA. "Logramos un gran triunfo al obligar al Ministerio de Trabajo a decretar la conciliación con todos los despedidos en nuestros puestos de trabajo por 15 días", dijo Roberto Amador, además de anticipar que se movilizarán hoy para garantizar el cumplimiento de la resolución.

La reacción del Gobierno bonaerense no se hizo esperar. "El conflicto había trascendido el ámbito que afecta estrictamente a los involucrados y, de acuerdo con el cuerpo de bomberos presente en el lugar, si se determinaba la disolución del conflicto por otra vía que no fuera la diplomática, había muchas posibilidades de que hubiera lesionados y muertos", argumentó Cuartango.

Por su parte, en sintonía con la dura postura de la ministra Débora Giorgi, la medida de Trabajo fue cuestionada además por la propia Gestamp y por el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Fabio Rozenblum.

"Podría constituir una incitación a la ilegalidad y a la extorsión de un grupo minoritario sin que pase nada", señalaron desde la autopartista española.

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