Pide asilo a Perú el líder de la oposición a Chávez

Manuel Rosales, el prófugo alcalde de Maracaibo, en una foto de archivo. Su pedido de asilo a Perú amenaza con volver a tensar la relación entre los gobiernos de Alan García y Hugo Chávez.

Lima - El líder de la oposición venezolana, Manuel Rosales, que enfrenta en su país una acusación por enriquecimiento ilícito, que él considera como un acto de persecución del chavismo, pidió ayer oficialmente asilo político a Perú.

«La solicitud de asilo se presentó a las 12.20 hora local en la mesa de partes de la Cancillería; ahora nos queda esperar la respuesta del Gobierno peruano, que tiene como plazo dos meses», dijo su abogado, Javier Valle Riestra. «Unos señores venezolanos me buscaron, y viendo que el pedido era justo, redacté de inmediato la solicitud de asilo político», añadió.

Valle Riestra explicó que Rosales, considerado el más importante opositor al presidente Hugo Chávez, será citado para que preste su declaración y explique las circunstancias de su pedido de asilo. El abogado, experto en derecho de asilo y extradiciones, confió en que el Gobierno de Alan García, quien ha mantenido varios choques públicos con su par venezolano, concederá la demanda al líder opositor venezolano, ex candidato presidencial en las elecciones de 2006.

«Rosales no es un cualquiera, es líder del partido opositor Un Nuevo Tiempo, ha sido gobernador del estado de Zulia, actualmente es alcalde de Maracaibo», añadió el abogado al señalar que «el presidente Chávez dijo 'lo voy a aplastar' y eso lo ha dicho en plazas de toros y en estadios».

Con todo, Valle Riestra advirtió que la concesión del asilo a Rosales no debe considerarse una postura del Gobierno peruano contra Chávez.

«Si le concede el asilo, como es lógico, no significa que se esté considerando a Chávez como un gorila, un canalla, o un déspota. Simplemente se va a ver que aquí concurren las circunstancias para otorgar el asilo», precisó. «Perú no tercia en el debate contra Hugo Chávez», añadió.

Más temprano, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, dijo que Rosales había ingresado a Perú como turista junto con su familia por lo menos desde el fin de semana pasado, pero luego confirmó que entró el 4 de abril.

El canciller recordó que otros tres opositores venezolanos pidieron y obtuvieron asilo en Perú en los últimos años.

García Belaúnde señaló que «hay una comisión que resuelve los casos». Esta comisión está conformada por expertos de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Justicia.

¿Conflicto?

El canciller descartó que un asilo de Rosales genere un conflicto en la relación entre Perú y Venezuela. «La relación entre Venezuela y Perú marcha por buen carril. Está desarrollándose muy bien, muy cordialmente», estimó.

Se refirió así a la paciente tarea que permitió superar los duros entredichos de 2006, cuando ambos presidentes se cruzaron públicamente gruesos insultos y retiraron temporalmente a sus embajadores.

En Caracas, el ministro del Interior venezolano, Tarek El Aissami, anunció ayer que solicitará la captura internacional de Rosales si no se presenta ante los tribunales que llevan su causa.

«De no presentarse ante los tribunales competentes, sería un prófugo de la Justicia y en consecuencia se activarán los mecanismos para su captura internacional», dijo El Aissami en una conferencia de prensa, donde rechazó que las acusaciones contra Rosales tengan connotaciones políticas.

La Fiscalía venezolana acusa a Rosales de enriquecimiento ilícito, que implica una pena de entre 3 y 10 años de cárcel. Según la Fiscalía, el delito se habría cometido entre 2002 y 2004, cuando Rosales era gobernador del estado petrolero de Zulia.

En Lima, el analista Alejandro Deustua, por su parte, señaló: «No vamos a poner las manos al fuego por la conducta administrativa del señor Rosales, pero ciertamente hay razones para afirmar que es un perseguido político».

El lunes, el partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo señaló en Caracas que Rosales tramitaría el asilo político «ante un país amigo» y que no se entregaría a los tribunales, por ser ellos «instrumento de persecución política».

«Éste es un caso muy claro de persecución política. La entrega de Rosales no sería a la Justicia venezolana, sino a Hugo Chávez, que lo está persiguiendo», aseguró Omar Barboza, secretario general de ese partido.

En las últimas semanas, el cerco a la oposición venezolana se ha venido estrechando con la detención, entre otros importantes personajes de la política de ese país, del ex ministro de Defensa y antiguo aliado de Chávez, el general Raúl Baduel, también por un supuesto caso de corrupción.

En tanto, Henrique Capriles Radonski, gobernador del populoso estado de Miranda y ex alcalde del municipio capitalino de Baruta, está siendo auditado por las autoridades tributarias. Sus problemas comenzaron el año pasado, cuando le arrebató el cargo en las elecciones de noviembre a Diosdado Cabello, hombre de extrema confianza de Chávez, ministro de Obras Públicas y además hermano del Superintendente Nacional Tributario.

Le han abierto tres veces juicio por presunta agresión a la embajada de Cuba en 2002. Estuvo preso cuatro meses por el caso aunque sin sentencia.

Asimismo, los gobernadores de Táchira, Cesar Pérez Vivas, y de Carabobo, Henrique Salas Feo, serán investigados por presuntas irregularidades por la Asamblea Nacional (parlamento), dominada por el oficialismo.

Agencias AFP, EFE y Reuters