Piden archivar causa contra sindicalista

El sindicalista Gerardo Martínez recibió la primera buena noticia en la causa en la que se lo investiga por su responsabilidad en la estructura de inteligencia del Ejército durante la dictadura. El fiscal Jorge Di Lello le recomendó ayer al juez federal Ariel Lijo el archivo del expediente por entender que no surgieron pruebas de su eventual vinculación con un centenar de desapariciones de obreros de la construcción, tal como había anticipado este diario.

Aunque Lijo aceptara el criterio del fiscal -como se prevé que hará, en línea con lo informado ayer- Martínez seguirá bajo investigación en el expediente sobre la actuación de tres mil civiles en los organismos de inteligencia. El jefe de la Unión Obrera de la Construcción es uno de los dirigentes preferidos por Cristina de Kirchner y este lunes cenó en su sindicato con el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

El dictamen se basó en dos ejes: por un lado, se confirmó la participación de Martínez en la estructura del Batallón 601 del Ejército como «agente S» (secreto) entre el 1 de marzo de 1982 y julio de 1984, cuando renunció. Y por otro, no se lo pudo vincular con 105 desapariciones de obreros entre 1977 y 1978, eje de la denuncia del sindicato Sitraic, paralelo a la UOCRA.

En el escrito, el fiscal agregó que al principio de la investigación, el año pasado Martínez se presentó de manera espontánea y alegó que haría «una investigación en relación con las 105 personas desaparecidas de la actividad de la construcción». En el expediente no figura contribución alguna.

La denuncia se basó en un fallo previo de Lijo que consideró que en el Batallón 601 funcionó una «asociación ilícita» para cometer delitos de lesa humanidad. La causa sumó informes de la Secretaría de Derechos Humanos, firmados por el ya fallecido Eduardo Luis Duhalde, que desvincularon a Martínez de las desapariciones por haber sido «anteriores al 1 de marzo de 1982», cuando ingresó como «agente civil de inteligencia».

El único intento por tomar testimonios fue con el superior que firmó la mayor parte de los informes respecto del desempeño de Martínez en el 601, el entonces capitán Raúl Fernando De Laico, quien murió en 1995. De Laico era jefe de la Sección de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia.

Di Lello sostuvo que, aunque funcionó una asociación ilícita en el 601, «no puede entenderse que la sola pertenencia al mismo resulte orientativa de que el imputado participaba de los fines de tal sociedad criminal, suceso que sólo halla adecuación típica en tanto y en cuanto las actuaciones permitan ubicarlo no sólo en tiempo y espacio como parte del Batallón, sino incluso asignarle tareas o responsabilidades en cada uno de los hechos merecedores de reproche».

De acuerdo con la foja de servicios de Martínez, que se mantuvo en secreto en la causa, el gremialista actuaba bajo el seudónimo de Gabriel Antonio Mansilla y, aunque le reprochaban no cumplir con los horarios, era «leal, disciplinado y con amplios conocimientos y contactos a nivel gremial» que debía «supervisar en la actividad informativa» que se le había asignado.

En 1984 presentó su renuncia por problemas personales y tras alegar que tenía «excelentes posibilidades de progreso en la actividad privada». Sus superiores cerraron la foja con la recomendación para una eventual reincorporación.