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Piñera enfrenta ahora una huelga que considera ilegal
El paro tuvo anoche una antesala con un cacerolazo, un método que viene siendo utilizado en las últimas semanas para exigir reformas educativas y que, paradójicamente, fue un recurso de la oposición a Salvador Allende antes del golpe de Estado de 1973.
Hoy, entre las 6 y las 9 y entre las 11 y las 14, están convocados varios actos de protesta en Santiago, y por la noche habrá asambleas en varias comunas, en tanto que mañana habrá marchas rumbo a la céntrica Alameda desde los puntos emblemáticos Plaza Italia, Estación Mapocho, San Diego con Placer y Estación Central. Entre una amplia gama de demandas, la medida de fuerza exige reformas constitucionales, subas de impuestos y salarios, la creación de un fondo de pensiones estatal (sólo existen AFP privadas) y más recursos para la salud y la educación.
Ante el anuncio de La Moneda el lunes de que podría implementar la Ley de Seguridad Interior, el jefe de la CUT, el socialista Arturo Martínez, acusó al Gobierno de Piñera de pretender criminalizar el paro. «En forma desesperada ha empezado a amenazar y generar un clima de criminalización de nuestra convocatoria», denunció el jefe sindical.
El dirigente puntualizó sus críticas en la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien denunció la existencia de instructivos a los trabajadores para que se cometa vandalismo.
La Ley de Seguridad Interior permite reprimir con mayor fuerza las manifestaciones y encarcelar a los responsables, sobre la base de que hay un convocante plenamente identificado (la CUT) y el paro fue considerado ilegal, según advirtió el lunes el portavoz de La Moneda, Andrés Chadwick. «Nunca se descarta la aplicación de ninguna ley; lo que pasa es que la aplicación de las leyes no se anuncia, se aplican las leyes una vez que han ocurrido los hechos y uno hace la evaluación si corresponde aplicarlas», explicó Chadwick al respecto.
Por su parte, Piñera evaluó que «es una triste y dolorosa contradicción que mientras tantos chilenos, incluyendo el Gobierno, se esfuerzan para que Chile avance, progrese y los beneficios lleguen a todos, haya otros que también se esfuerzan y luchan por lo contrario».
«Causa dolor que hay algunos que están trabajando con mucho esfuerzo para que Chile se paralice», agregó el mandatario, quien registra un nivel de rechazo del 74%, cifra inédita desde la restauración de la democracia, en 1990.
«Estamos perfectamente conscientes de que nuestro país tiene muchas deudas pendientes, que hay muchos problemas que no han sido resueltos, muchos de ellos se arrastran desde hace décadas; quiero decir que nuestro Gobierno es el primero en reconocer esta realidad», admitió Piñera.
Además de los rechazos de los sindicalistas y la oposición, también se expresó en contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.
«Me parecería un error gravísimo. Es claro que éste no es el momento de reprimir manifestaciones. Es el momento de encauzarlas bien, y si se encauzan bien, va a haber propuestas y respuestas concretas», sostuvo Insulza, quien fue ministro del Interior bajo el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió que la paralización le significará al país una pérdida total aproximada de 400 millones de dólares.
«En momentos por los que atraviesa la economía mundial donde vemos las dificultades de Europa y Estados Unidos, yo me pregunto si vale la pena perder 200 millones (por día) que se pueden invertir en varios aspectos del país», indicó Larraín.
En tanto, los dirigentes estudiantiles entregaron ayer un petitorio en el Palacio de La Moneda en el que reclaman la eliminación de la banca privada en el sistema de créditos para financiar la educación superior, el fin de la obtención de utilidades por parte de las universidades privadas y garantías de calidad para la educación pública.
Agencias ANSA, AFP, DPA y
EFE, y Ámbito Financiero
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