Polémica: Berlusconi busca frenar por decreto un caso de eutanasia

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Roma - En medio de una apasionada polémica nacional, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, comenzó ayer una carrera contra reloj para evitar que se deje morir a una mujer que se encuentra en estado vegetativo desde hace 17 años. Desafía así los deseos de la familia de Eluana Englaro, que había obtenido un fallo de la Corte Suprema que permite retirarle a la paciente la alimentación que la mantiene con vida.
«Estamos preparados para intervenir», afirmó el jefe de Gobierno conservador, al anunciar que preparaba de urgencia un decreto ley que regule este tipo de situaciones y evite la práctica de la eutanasia.
Según los medios de comunicación locales, el borrador de la medida señala que «la alimentación y la hidratación, como formas de soporte vital y fisiológicamente dirigidas a aliviar el sufrimiento, no pueden ser rechazadas en ningún caso por las personas o por quienes asisten a aquellos que no pueden valerse por sí mismos».
La norma contiene sólo un artículo, bajo el título «Disposiciones urgentes en materia de alimentación e hidratación», en él se especifica que se aprobará mientras se espera «ratificar una completa y orgánica disciplina legislativa sobre el final de la vida».
Con esta medida urgente, el Gobierno espera detener el protocolo médico de acompañamiento de la muerte para Eluana, que comenzará hoy con la reducción de un 50% de los elementos nutrientes que se le suministran para mantenerla con vida, según informó ayer el neurólogo Carlo Alberto De Fanti.
La mujer de 38 años está internada desde el 2 de febrero en la clínica Quiete de Udine, en el noreste de Italia, bajo los cuidados de un equipo de voluntarios dispuestos a suspender progresivamente la alimentación -aunque sin retirar la sonda nasogástrica- hasta su muerte, como autorizó la Justicia tras la petición de su familia.
«Estamos manteniendo reuniones para aprobar una medida en el menor tiempo posible, entre este viernes o el próximo martes, para evitar que Eluana muera», confirmó Domenico Gramazio, vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado y miembro de la coalición gubernamental Pueblo de la Libertad.
El decreto que busca imponer Berlusconi encontró numerosos detractores, entre los que se destaca el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Según informó la prensa local, el jefe de Estado habría expresado informalmente su «perplejidad» por la iniciativa y habría manifestado su intención de no promulgarlo. Con todo, en medio de la conmoción nacional que provoca el caso, que se convirtió en un tema político de primer orden, el jefe de Estado evitó confirmar públicamente su postura.
La polémica también estalló dentro de la coalición oficialista. El presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, dijo que aprobar el decreto hoy en el Consejo de Ministros sería «un grave error».
Por su parte, los abogados de la familia Englaro indicaron en un comunicado que un decreto de este tipo «detendría» el protocolo médico que ayudará a morir a Eluana, y añadieron que se trata de una «hipótesis constitucionalmente anormal y que no tiene precedentes en la historia de la República italiana».
Las autoridades se movilizan en todos los frentes posibles para evitar que se cumpla la sentencia de la Corte. Otra posibilidad que estudia Berlusconi es verificar «la idoneidad» de la clínica La Quiete para saber si pueden desconectar a Englaro, que respira sin necesidad de aparatos (ver nota aparte).
Desde la región de Udine, funcionarios informaron al Ministerio de Salud que la clínica «no posee las condiciones» para retirar la alimentación a la mujer ya que se trata de un asilo de ancianos. En respuesta, el centro explicó en una nota que continuará atendiendo a Eluana y especificó que será un equipo de voluntarios externos a la clínica quienes se ocuparán del protocolo que llevará progresivamente a la muerte de la mujer.
Tanto la Iglesia Católica como el partido democristiano UDC pidieron al Gobierno que se movilice con rapidez «para salvar la vida a Eluana Englaro» a través de un decreto legislativo.
Mientras, el partido opositor Italia de los Valores afirmó que la aprobación de un decreto sería «inconstitucional» y añadió que el Ejecutivo está llevando al país a un «régimen confesional».
Previsiblemente, el secretario del Partido Refundación Comunista denunció también la injerencia de la Iglesia en la política italiana al asegurar que el país parece «un Estado gobernado por los ayatolás».
En Italia no fue aprobada una ley -actualmente en discusión en el Parlamento- sobre el llamado «testamento biológico», por lo que el Tribunal de Milán, para autorizar la suspensión de la alimentación de Eluana, se basó en testimonios presentados por el padre de la mujer, Beppino Englaro, quien fue el que solicitó el fallo judicial para poner fin al estado vegetativo de la hija.
Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA

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